El pueblo entero se manifiesta en favor de la niña de Benamaurel Una sentencia obliga a la pequeña a abandonar a su nueva familia

El pueblo entero de Benamaurel (Granada) se echó ayer de lleno a la calle para pedir que María Ángeles, una niña de 13 años acogida por una familia, no sea obligada a volver a vivir con sus anteriores padres, adoptivos, como ordena una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Más de 3.500 personas recorrieron las calles de la localidad en apoyo a la niña, cuya única pretensión es que los jueces escuchen su versión.

María Ángeles vive desde hace tres años en Benamaurel con Manuel Martínez y Maruja Pozo. Anteriormente había estado en diferentes centros de acogida después de que la Junta de Andalucía retirara la custodia de los primeros padres adoptivos por sospechas de maltrato. La niña, plenamente adaptada a su nueva vida y su nueva familia, tendrá que regresar ahora, por una sentencia judicial, a su primer hogar, en donde, según ella misma, la maltrataban, la hacían dormir en el suelo y la obligaban a comer con animales.La indignación por la sentencia era patente ayer en Benamaurel, un pueblo de 2.500 habitantes al que se sumaron 1.000 personas de otras localidades próximas para participar en la manifestación. Las única exigencia es que los jueces escuchen el testimonio de la niña y atiendan a su deseo de no regresar a la localidad sevillana de Bormujos, en donde vive la primera familia adoptiva, que reclama ahora a María Ángeles.

"Nos sentimos muy decaídos, pero con mucha entereza por todo el apoyo que estamos recibiendo", dijo Maruja Pozo. "Vamos a luchar hasta el final para que la niña sea feliz, y aquí ella dice que es feliz".

El caso ha sido recurrido por el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, ante el Tribunal Constitucional, adonde ayer envió por correo electrónico su alegato de que se está violando la intimidad de la menor, se está violando la custodia efectiva y se está dilatando el proceso innecesariamente.

El vicepresidente andaluz de Prodeni (Asociación pro derechos del niño), Juan Pedro Oliver, pidió la inhabilitación de los jueces de la Audiencia sevillana para juzgar casos que afecten a los derechos del menor por su actuación en el caso. "Si tenemos que desobedecer la sentencia y encadenarnos, lo haremos", dijo.

Incluso en Bormujos, el pueblo donde viven los primeros padres, ha habido gestos de solidaridad con la niña. El alcalde del pueblo, Baldomero Gaviño, independiente, envió por fax un comunicado al Ayuntamiento de Benamaurel adhiriéndose a la petición de que María Ángeles sea escuchada.

Jueces para la Democracia, por su lado, hizo público un comunicado en el que alerta sobre las demoras que se producen en los procesos judiciales sobre menores, dando lugar a casos como éste, que obligan a un menor a regresar con una antigua familia cuando ya se ha adaptado a una nueva. La asociación exigió también que se escuche a los niños, que son los más afectados en el proceso.

En el pueblo ha sido convocada para el jueves una nueva manifestación de apoyo a María Ángeles, cuya identidad ha sido protegida en todo momento por decisión de los padres de acogida.