Una denuncia precipita la suspensión de dos ginecólogos El hospital Joan XXIII de Tarragona cuenta con un 'historial' de errores

Una nueva denuncia interpuesta ante el Juzgado número 10 de Primera Instancia de Tarragona por presunta negligencia médica en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital Joan XXIII de la ciudad precipitó, el pasado viernes, la suspensión fulminante de dos ginecólogos por orden del Institut Català de la Salut (ICS). El hospital aprovechó el conocimiento de la denuncia para, en una decisión sin precedentes, apartar del servicio, que mantiene por el momento tres frentes judiciales abiertos por negligencias, a los dos facultativos, uno de los cuales intervino en una cesárea que culminó con la muerte de un bebé dos horas después, denunciada el pasado miércoles.Los dos facultativos, R. B. García Fernández y Ll. Vaquer, fueron apartados del servicio de forma fulminante, después de que el centro conociera que la noticia de la denuncia se iba a hacer pública en los medios de comunicación. El hospital decidió adelantarse a la denuncia y comunicar la suspensión, "una decisión que se ha tomado después de las omisiones y/o acciones no ajustadas al nivel actual de la práctica clínica, no siguiéndose en algunos casos los protocolos establecidos por el servicio", según el comunicado del centro.

El primero de los médicos intervino en la cesárea que se practicó el pasado lunes a Araceli C.D., de 37 años, y que derivó en la muerte dos horas después, en la UCI de neonatología, del niño. El segundo habría participado en el parto de una mujer cuya muerte se encuentra también en los juzgados.

Fuentes hospitalarias explicaron que la decisión de apartarlos del servicio no se debía por el último caso denunciado, sino por "una actitud poco apropiada", máxime teniendo en cuenta que el servicio de ginecología estaba expuesto a gran presión después de que Sanidad ordenara una auditoría a su funcionamiento.

Intercambio de bebés

Uno de los casos que desataron la alarma fue la de un intercambio de dos recién nacidas, originado por el extravío previo de sus historiales médicos. Las niñas fueron devueltas a sus respectivas madres biológicas (de Salou y de Tarragona) 20 días después de su nacimiento y tras haberse realizado, a instancias de una de las familias, las pruebas de ADN que corroboraron el error del centro.

El último caso denunciado es el de Araceli C. D., de 37 años, y que, tras un historial de esterilidad, se había sometido desde 1991 a diversas pruebas de fecundación in vitro.

Araceli C. D. había padecido ya un aborto y su último embarazo fue el único que consiguió culminar con éxito. Su gestación había sido controlada desde Barcelona y desde el hospital Joan XXIII, donde se la incluyó en el programa de alto riesgo obstétrico (ARO). Durante las 17 horas que duró todo el proceso, la paciente fue visitada por tres médicos diferentes.