El juez imputa al ex diputado García Sáez y dos socios de la quiebra de AGT
El juez que instruye el caso AGT ha concluido las diligencias de la causa y ha imputado de un presunto delito de quiebra fraudulenta por 4.500 millones de pesetas al constructor y ex diputado autonómico socialista Luis García Sáez. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña, dictó ayer un auto en el que acusa a García Sáez y otros dos accionistas de AGT Construcciones y Obras, uno de los cuales es el abogado que tramita su quiebra. Los otros 12 imputados han quedado exculpados.
En su auto, el magistrado dirige algunos reproches a políticos socialistas por su manera de actuar al negociar la adjudicación de obras municipales en ayuntamientos gobernados por el PSC; no obstante, exculpa a los otros 12 implicados en la causa. Entre ellos figuran los alcaldes de las localidades barcelonesas de Mataró, Manuel Mas, y de Olesa de Montserrat, Enric Térmens; el ex dirigente del PSC Josep Maria Triginer, y el ex alcalde de Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), Antonio Pérez Garzón, que tuvo que dejar el cargo el pasado año al ser condenado por un delito de prevaricación. Otro político exculpado en esta causa es Eugeni Forradellas, de IC-V, que es presidente del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. La causa se abrió cuando AGT, fundada a principios de los noventa con un capital de 10 millones de pesetas, fue denunciada por 23 empresas a las que subcontrató la ejecución de obras públicas, en su mayoría adjudicadas por ayuntamientos socialistas. Los denunciantes acusaron al accionista mayoritario de AGT, Luis García Sáez, de quebrar y de apropiarse de cantidades millonarias de dinero sin pagarles las obras.
El auto relata que los tres acusados acordaron en una junta general extraordinaria de AGT del 20 de septiembre del pasado año la presentación de un expediente de suspensión de pagos por un total de 4.500 millones de pesetas. Según el juez, "de lo actuado se deduce la existencia de indicios de delito" contra Luis García Sáez y los otros dos accionistas de AGT. Manifiesta el juez que la empresa contaba únicamente con cuatro técnicos "de grado mínimo" como encargados de obra y "dos ex políticos [Triginer y Pérez Garzón] que manifestaron no haber realizado actividad física alguna que justifique su sueldo de 300.000 pesetas mensuales, aunque sí gestiones con empresas municipales de su misma ideología", con las que negociaron la adjudicación de obras públicas en favor de AGT.
El magistrado encuentra sospechoso que una empresa como AGT, "carente de fuerza laboral, compitiera con otras sociedades con superior capital social en cientos de millones de pesetas y maquinaria adecuada" y se adjudicara obras por importe de 4.500 millones de pesetas.
Para la realización de estas obras, AGT subcontrató a otros pequeños empresarios "pese a tenerlo prohibido, con un pequeño presupuesto que antes de serles abonado se les duplicaba manifestándoles que no se preocupasen ya que al final cobrarían todo si se apresuraban en la terminación de las obras ante la proximidad de las elecciones municipales" de 1999.
Cuando la deuda con los acreedores alcanzó los 2.836 millones de pesetas, "y pese a tener abierta una línea de crédito y haber recibido la cantidad de 4.500 millones, la empresa AGT se declaró en suspensión de pagos".
