El PP vincula la compensación a Gorordo con la recalificación de la sede de la Cámara de Comercio

El PP vinculó ayer el pago por parte de la Cámara de Comercio de una indemnización de 93 millones a José María Gorordo, que éste exigió como condición previa a cerrar el pacto con PNV y EA en Bilbao, a la intención de la entidad de recalificar el uso de su sede actual. Esta iniciativa fue llevada por el PNV a un pleno en noviembre, pero la retiró por falta de apoyos. Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento pidieron al Tribunal Vasco de Cuentas que fiscalice los términos del pacto político, mientras que EH cree que el equipo de gobierno debe dar explicaciones.

El pacto con el líder de ICV y ex alcalde José María Gorordo ha ofrecido a la oposición un flanco de ataque al equipo de gobierno de Iñaki Azkuna (PNV-EA) en plena precampaña electoral. PP, PSE e IU unieron ayer sus fuerzas para avanzar un paso más en el polémico acuerdo municipal. Gorordo puso como condición previa a la firma del pacto que se solucionara satisfactoriamente su contencioso con la Cámara de Comercio, que le despidió en 1997 de su puesto de secretario-director, asunto que se encuentra en los tribunales. El acuerdo sobre la compensación económica, que se ha concretado en 93 millones, se firmó entre Gorordo y la Cámara de Comercio el pasado lunes, justo la víspera de la rúbrica del pacto municipal entre PNV-EA e ICV.Tras las censuras particulares de los grupos de la oposición a esta negociación, ayer PP, PSE e IU coincidieron en solicitar una investigación por parte del Tribunal de Cuentas. Los tres partidos argumentan que el acuerdo económico entre Gorordo y la Cámara "pudiera afectar a la defensa de los intereses generales de Vizcaya y a los intereses de las empresas y comercios [65.000 en total] a los que la Cámara representa".

Esta petición fue adelantada por la mañana por los socialistas, que calificaron el pacto como "una inmoralidad y una indecencia", informa Naiara Galarraga. Para el portavoz del PSE, Dimas Sañudo, Gorordo ha puesto "los 14.500 votos que ICV obtuvo en las pasadas municipales al servicio de sus intereses personales y laborales". Los socialistas consideran que es un ejemplo más de "uso perverso de todos los instrumentos de poder que controla el PNV", en referencia a la afiliación política tanto de los anteriores dirigentes de la Cámara como de los actuales, el presidente Ignacio Echeberria y el director general Juan Luis Laskurain.

El PP sugirió ayer que la millonaria indemnización a Gorordo (casi siete veces superior al sueldo anual que tenía en la Cámara) puede estar relacionada con una operación urbanística sobre la sede de la entidad, en pleno centro de Bilbao. El portavoz popular, Antonio Basagoiti, recordó que en el pleno municipal del pasado 25 de noviembre el PNV presentó una iniciativa para recalificar como de uso residencial -el actual es de equipamiento- el inmueble de seis plantas. De ellas, cuatro son propiedad de la Cámara y las otras dos pertenecen, respectivamente, a la Diputación vizcaína y a RTVE. La iniciativa fue retirada del orden del día por el propio PNV, al no encontrar los apoyos suficientes. Basagoiti, que recordó que en esas fechas el PNV y Gorordo estaban en plenas negociaciones del pacto municipal, opina que estos hechos "son demasiadas casualidades". "En las próximas semanas comprobaremos si el PNV se anima a presentar nuevamente la propuesta", añadió.

Por su parte, el grupo municipal del PNV calificó de "película de ciencia ficción" la vinculación de ambos acuerdos. El concejal de EH Dabi Alonso afirmó que, "si todo es así", el equipo de gobierno "debería dar explicaciones, porque se trata de una mala utilización de dinero público con fines políticos". A su juicio, el acuerdo significa que "es el PNV quien controla a la Cámara de Comercio". Sobre la fiscalización por el Tribunal de Cuentas, dijo que esta institución "debería intervenir en todos los momentos. Yo les pedí que fiscalizarán a Bilbogas y me contestaron que no entraba en su calendario de trabajo".

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, Rafael Iturriaga, consideró "ilegal" el acuerdo extrajudicial entre el líder de ICV y la Cámara. "No se puede llegar a una transacción en la que [la entidad] pierde más de lo que hubiera pagado incluso perdiendo el pleito". Iturriaga ve "muy difícil" el encaje de esta operación "en el presupuesto de la Cámara" y dijo que es un caso de "mal uso de recursos que son evidentemente públicos". "Es inaceptable que como moneda de cambio político se estén utilizando recursos públicos de otra institución". Ni Confebask ni la patronal vizcaína Cebek quisieron opinar sobre el caso.