Los estudiantes podrán solicitar plaza en la universidad que prefieran en 2001

Los estudiantes podrán pedir plaza en la universidad que quieran, con independencia de su lugar de residencia, a partir del curso académico 2001-2002. El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación del distrito abierto universitario, medida que cuenta con el consenso de toda la comunidad educativa y que será puesta en marcha de una forma progresiva. Los rectores y la oposición han advertido, sin embargo, que es imprescindible establecer un plan que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la situación económica de los alumnos y mecanismos que garanticen que la medida no perjudica a los alumnos de unas comunidades en favor de los de otras.

La opinión generalizada en la comunidad educativa es que cualquier medida que favorezca la movilidad es un avance hacia la educación del futuro, fomenta la competencia entre universidades e incluso obligará a muchas de ellas a replantear su proyecto académico. Pero los rectores y otros expertos formulan varias advertencias: es necesario ofrecer becas suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades (con el fin de que la falta de recursos no impida desplazarse cuando se desee o cuando las plazas de la propia localidad estén ocupadas por alumnos de fuera) y buscar un sistema para unificar las distintas pruebas de selectividad que se realizan en las universidades.El ministro de Educación, Mariano Rajoy, anunció ayer que antes del próximo 31 de julio se establecerán el procedimiento, los plazos y porcentajes de este proceso. El Gobierno destinará este año 10.000 millones de los presupuestos de 2000 a becas de movilidad interautonómica, que son las que cubren completamente los gastos de movilidad. Además, se destinarán otros 3.000 millones a ayudas de residencia.

El ministerio pretende aumentar los recursos destinados a movilidad a medida que se vaya implantando el proyecto, ya que el distrito abierto no empezará a funcionar hasta dentro de dos cursos académicos. Su puesta en marcha será progresiva y se empezará a aplicar, según explicó el ministro, abriendo a toda España al menos el 20% de las plazas en el curso 2001-2002.

Los rectores y las comunidades autónomas dieron el visto bueno a este proyecto hace unos meses en la reunión del Consejo de Universidades. Sin embargo, a pesar de estar claramante a favor, insisten en algunos inconvenientes de que se haya aprobado este proyecto antes de acordar las condiciones de su puesta en marcha.

El rector de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, Enric Argullol, afirma: "Es una medida realmente importante,aunque presentará problemas organizativos y económicos importantes. Por un lado, lo lógico hubiera sido acompañarlo de una medida muy relevante de reforma de las ayudas al estudio y también de un sistema que permitiera valorar cómo se hace la selectividad en cada universidad y estudiar cómo solucionar las variaciones que pudieran existir". Para Argullol, ahora se debe poner en marcha "una dotación económica extraordinaria, porque el aspecto económico es clave para que este proyecto funcione".

El rector de la Universidad Pública de Navarra, Antonio Pérez Prados, opina que la implantación debe ser gradual y que no se debe abrir el 100% de las plazas, sino dejar un porcentaje (entre un 25% y un 35% de las plazas) reservado para los estudiantes de la propia comunidad. Pérez Prados resalta las dificultades que pueden tener las comunidades para justificar ante su electorado que se destinen sus fondos para financiar los estudios de alumnos de otras comunidades.

Problemas lingüísticos

En este aspecto, también insiste el rector de la Universidad del País Vasco, Pello Salaburu, que considera que el proyecto es "muy positivo, pero demasiado precipitado". Salaburu es escéptico sobre su funcionamiento por la escasa cultura de movilidad entre los estudiantes y por la falta de apoyo económico. También resalta los problemas de tipo lingüístico que pueden surgir a medio plazo en universidades como la suya.

El rector de la Universidad de Barcelona, Antonio Caparrós, resalta la necesidad de que se implante "con cierta parsimonia", tanto por los problemas administrativos como porque "generar una cultura de movilidad no es fácil y porque, si no se ofrece un número suficiente de becas, sería un proyecto elitista". Caparrós opina que habría que "crear una bolsa de compensaciones, como para los hospitales, para no generar tensiones entre las comunidades autónomas, que podrían obstaculizar el proceso".

El rector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol, también considera imprescindible este proyecto, así como hacer más extensa la política de becas. Puyol señala la competencia que se producirá entre universidades y el peligro de que algunos estudios queden arrinconados, algo que, a su juicio, habrá que evitar estableciendo cautelas y replanteando todo el sistema.

El PSOE, IU y las organizaciones de estudiantes han resaltado que las cantidades que se están barajando son " muy insuficientes" para financiar las becas de movilidad necesarias para que exista una verdadera igualdad de oportunidades entre los estudiantes con recursos económicos y sin ellos. Cada estudiante que solicite beca recibirá una media de 500.000 pesetas por curso, lo que representa que habrá ayudas para 20.000 alumnos de los 1.470.000 que estudian en las universidades públicas, lo que sólo representa el 1,4% del alumnado.