Juicio por la quiebra de dos empresas de Tortosa que afecta a 133 empleados
Los 133 trabajadores afectados por la quiebra de las empresas tortosinas Industrial Maderera Sabaté (IMSSA) y Tecnología y Acabados en Madera (TAMSA) han estado esperando nueve años el juicio que se iniciará hoy en la sala de lo penal de Tortosa (Baix Ebre). Los propietarios deberán responder ante la justicia de acusaciones por delitos contra la seguridad en el trabajo, alzamiento fraudulento de bienes y estafa a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.
Los hechos se remontan al año 1991, cuando los gestores abandonaron las empresas dejando cuantiosas deudas. El abogado de los empleados, Nibaldo Mena, solicita 10 años de prisión para los tres principales responsables -los hermanos Alberto y Juan Sabaté y el ex presidente del Consejo Comarcal del Baix Ebre Adolfo Barreno-, además de una indemnización de 1.000 millones de pesetas. Para el resto de los inculpados, Joan Pujol, Miguel Ángel Ordóñez, Lorenzo Muñoz y Eduardo Duran, Mena pide dos años de prisión. El Estado, en representación de los intereses de Hacienda y la Seguridad Social, también se presenta como parte acusadora en este juicio, que no terminará hasta mediados de febrero, según lo previsto. Esta parte, por medio del abogado del Estado, pide tres años de prisión para los principales encausados, mientras que el ministerio fiscal considera que los delitos imputados deben pagarse con penas de cuatro años y dos meses de cárcel. Otras empresas se presentan también como acusación para cobrar las deudas contraídas por los responsables de las madereras, y exigen penas similares. Los trabajadores ya han conseguido que el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona declarase fraudulenta la quiebra de la empresa TAMSA, sentencia que fue ratificada el pasado 4 de noviembre por la Audiencia de Tarragona, que desestimó la apelación de los empresarios.
