Los "platos rotos" de Ponsal
Los días de la empresa Porcelanas del Norte, actualmente denominada Comepor, están contados. El Gobierno de Navarra negocia con sus 187 socios-trabajadores los términos del cierre definitivo de la planta, ubicada en Pamplona para este mes de enero. La empresa, una sociedad anónima laboral que desde 1957, con la marca Irabia, fabricaba vajillas de mesa y porcelanas decorativas, no ha podido remontar la aguda crisis que ha arrastrado durante toda la década. Y eso a pesar de haber recibido desde 1994 más de 6.000 millones de pesetas de ayudas públicas procedentes del Gobierno de Navarra por distintas vías: subvencione, aplazamiento de pagos, anticipos o quitas, todo ello al margen del impago de retenciones e intereses a la Hacienda Foral y sus sociedades (5.000 millones) y a la Seguridad Social (750 millones).La plantilla no parece dispuesta a aceptar con resignación la desaparición de la industria y plantea movilizaciones en exigencia de un plan social que garantice nuevos empleos a los trabajadores, así como la recuperación de la inversión que realizaron en 1994 para convertirse en socios-propietarios y unas prejubilaciones ventajosas.
La actividad productiva de Comepor estaba condenada a la desaparición desde que, en julio de 1998, la Comisión Europea consideró ilegales y distorsionadores de la competencia los 750 millones de pesetas de un nuevo crédito concedido a la empresa por la sociedad pública Navarra de Financiación y Control (Nafinco), que obtuvo como garantía las acciones de Comepor.
La investigación de Bruselas se originó en 1997, a raíz de la denuncia presentada contra la industria navarra por varias empresas de la competencia radicadas en Euskadi, Comunidad Valenciana y Cataluña. Porcelanas del Bidasoa, de Irún, fue una de ellas.
El hecho de que el Gobierno navarro no haya recuperado aún el dinero provocó que el pasado 29 de noviembre la Comisión Europea lanzara un ultimátum al Departamento de Industria, declarando que sólo aceptaría una solución "que implique el reembolso de la ayuda declarada incompatible, aun cuando lleve aparejada la liquidación de la empresa".
Dado que no existen ofertas firmes para adquirir Comepor y que el Ejecutivo foral se arriesga a ser denunciado ante el Tribunal de Justicia europeo si no cumple la resolución comunitaria, lo único que consiguió la consejera de Industria, Nuria Iturriagagoitia, en una reciente reunión en Bruselas con los responsables de la Dirección General de la Competencia fue alargar el plazo de actividad hasta el próximo 31 de diciembre para permitir a los socios-trabajadores poder cobrar mayores percepciones por desempleo, antes de ordenar el cierre de la planta y el inicio de venta de los bienes industriales, valorados en unos 3.800 millones de pesetas, para recuperar parte de las cuantiosas ayudas echadas en saco roto durante estos años.
Comepor presentó suspensión de pagos en marzo de este año, con un pasivo superior a los 6.500 millones de pesetas y entró en una catalogación de insolvencia definitiva. El Gobierno navarro estima que lo único que se puede hacer es poner en marcha una plan de empleo que subvencione los contratos de los trabajadores por parte de otras empresas. Para dotar de fondos a esta agencia especial de recolocación deberá librar un crédito extraordinario con previa autorización parlamentaria.
Si el Gobierno navarro ha forzado hasta el límite la situación sin hacer nada para cobrar sus deudas, la Seguridad Social no está dispuesta a hacer otro tanto y amenaza con ejecutar los pagos si otra empresa continúa la actividad en las mismas instalaciones de la actual, con el riesgo financiero que supondría asumir la figura de sucesión de empresa y hacer frente a las nuevas y viejas deudas; en total, unos 9.000 millones de pesetas. Un informe del órgano fiscalizador de Navarra, la Cámara de Comptos, ya advirtió en su día que las ingentes ayudas públicas concedidas no garantizaban el futuro empresarial de Ponsal.
