El presidente de Trasmediterránea acusa al Gobierno de dar la naviera "a sus amigos"
José María Trías de Bes abandonó ayer Trasmediterránea con un portazo y en medio de la polémica. El hasta ayer presidente de la naviera pública acusó al Gobierno de descapitalizar la empresa y prepararla para que se la queden los "amigos del Gobierno cuando se privatice", previsiblemente el próximo año. Trías de Bes puso así fin a una grave crisis en la dirección de la compañía, que se inició cuando en diciembre de 1998, Patrimonio del Estado (que controla el 96% del capital) le impuso, contra su voluntad, a Miguel Ángel Fernández Villamandos como director general.
La andadura empresarial de José María Trías de Bes, miembro de la comisión permanente del PP, se cerró ayer con fuertes acusaciones a miembros del Gobierno que, en su opinión, le han "torpedeado una gestión intachable, que había puesto la empresa en una buena disposición para su privatización".El ya ex presidente de Trasmediterránea criticó con dureza a los responsables de Patrimonio del Estado, y más concretamente al subsecretario de Economía, Fernando Díaz Moreno, al que calificó de "comisario político, que ha entorpecido" su gestión.
Trías de Bes asegura que desde
que el presidente del Gobierno, José María Aznar, le nombró en agosto de 1996 máximo responsable de la empresa naviera, trató de implantar una gestión muy profesional, que logró conseguir unos beneficios de 1.600 millones en 1998, año en el no podía recibir ayudas públicas tras la liberalización del sector marítimo.
Trías de Bes, tras recordar que ha sido víctima en los últimos meses de un trato humillante, recalca que su gestión fue impecable y como resultado de un Plan Estratégico para los años 1997, 1998 y 1999 elaborado con la firma Price Waterhouse, hoy la empresa está preparada para la privatización, cuyo "retraso" no entiende si no es "para favorecer a los amiguetes de Gobierno". La empresa cuenta hoy, a su juicio, con una capacidad inversora de 55.000 millones de pesetas y está dotada de una estructura económica saneada y sin problemas laborales, tras el ajuste negociado ya finalizado.
Trías de Bes, que fue nombrado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, es miembro de la comisión permanente del PP y piensa seguir en este puesto. "No tengo nada ni contra Aznar ni contra Rodrigo Rato y seguiré perteneciendo al partido cuando vuelva a mi despacho de abogado", dijo ayer.
Sin embargo, sí criticó duramente "la mediocridad de los responsables de Patrimonio del Estado y de la subsecretaría de Economía y Hacienda, que ha nombrado a un mediocre como director general y todo ello movido por José Manuel Fernández Norniella, anterior secretario de Estado de Comercio". Trías de Bes fue más allá al añadir que "ellos sólo conspiran a favor de sus intereses y en este caso huele a pelotazo para amiguetes" dijo. Acusó al anterior director general de patrimonio, Pablo Isla, de comenzar la ofensiva contra su gestión, que ha sido continuada por el actual director general de Patrimonio, Pablo Oliveras.
La crisis en la dirección de la empresa estalló en diciembre de 1998 al ser impuesto Miguel Ángel Fernández Villamandos en contra de Trías. El primer semestre de 1999 fue de claro enfrentamiento. El pasado 2 de julio, el presidente decidió destituir al director general.
Figura decorativa
Sin embargo, Patrimonio del Estado le obligó a convocar un consejo, en el que no sólo se readmitió al director general, sino que se le dieron plenos poderes de gestión, lo que vació la presidencia de contenidos. Desde entonces, Trías de Bes ha sido una figura decorativa, hasta que ayer presentó la dimisión.
Trías de Bes afirmó ayer que desde la llegada del director general impuesto por Patrimonio toda su actitud fue de "puentearle" ante Patrimonio.
La Dirección General del Patrimonio contestó ayer a Trías de Bes, acusándole de realizar "operaciones atípicas y no convenientes" para la naviera pública. Fuentes de Patrimonio añadieron que Trías de Bes se ha adelantado a su destitución, que estaba prevista para el próximo día 27 de este mes. Asimismo, las mismas fuentes aseguraron que el presidente de Trasmediterránea concluyó "el arrendamiento de la sede de la empresa en la calle Alcalá 61 de Madrid de forma atípica y en condiciones no convenientes para la compañía, después de que se hubieran invertido 270 millones de pesetas en reacondicionar el edificio que se abandonó".
Además, esas fuentes acusaron al ya ex presidente de intentar llevar a cabo un plan de compras por importe de 74.922 millones de pesetas, sin el suficiente conocimiento del consejo de administración, sin la autorización de Patrimonio y sin un plan aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno. También ocultó al consejo un pago adelantado de 1.264 millones a Unión Naval de Levante para un nuevo barco.
