El juez del 'caso Grand Tibidabo' lleva a juicio a De la Rosa tras cinco años de investigaciones

Cinco años después de que Javier de la Rosa fuera enviado a prisión por sus responsabilidades en la descapitalización de Grand Tibidabo, la justicia ha cerrado la instrucción del caso penal por el que se le piden 13 años y ocho meses de prisión, y que sienta en el banquillo las oscuras relaciones entre el financiero y la Generalitat de Cataluña. De la Rosa salvó a Jordi Pujol su proyecto de parque de atracciones en Tarragona, financió un periódico nacionalista y obtuvo importantes beneficios en varias operaciones con la Generalitat, al tiempo que obtenía su apoyo incondicional.

El pasado 2 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona emitía el auto de apertura de juicio oral por la descapitalización de Grand Tibidabo. Para entonces, habían transcurrido 5 años y 14 días desde que, en la madrugada del 19 de octubre de 1994, el juez de instrucción Joaquín Aguirre firmase el auto de prisión que llevó a la cárcel -por primera vez- a Javier de la Rosa.Desde aquella fecha ha llovido mucho y pocos recuerdan ya que De la Rosa fue cazado por policías judiciales en un aparcamiento próximo al juzgado, tras haber sido objeto de una orden de busca y captura y haber protagonizado un episodio rocambolesco.

De la Rosa pasó cuatro meses en prisión, hasta que el 13 de febrero de 1995 salió en libertad condicional por el caso Tibidabo. En otro fatídico mes de octubre, el de 1998, sería la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios la que volvería a encarcelar a De la Rosa, pero esta vez imputado por estafa al grupo kuwaití KIO.

Los cinco años largos de instrucción del caso Grand Tibidabo han producido más de 3,5 millones de folios, cientos de informes periciales y 42 partes personadas en el procedimiento.

Lo prolongado de esta instrucción ha llevado a que coincidieran, con pocas semanas de diferencia, la quiebra voluntaria presentada por el consejo de Grand Tibidabo con la conclusión de la fase de instrucción del caso Grand Tibidabo. El auto del juez Aguirre deja la lista de acusados reducida a 11 personas.

La instrucción del gigantesco sumario se ha caracterizado por múltiples retrasos. La defensa, confiada en los últimos años al penalista Francesc Jufresa, ha utilizado todas las técnicas posibles para aplazar el proceso. También los revolcones que las decisiones de Aguirre sufrían en la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, que preside Pedro Martín, han dilatado el caso.

La Audiencia Nacional ha deshecho muchos de los nudos que el instructor ceñía sobre los presuntos responsables en la descapitalización de Grand Tibidabo.

Defectos de forma

Esos encontronazos han alimentado la tesis de los defectos de forma que darán pie, con toda probabilidad, a que los primeros compases del juicio oral (cuya fecha está por decidir) se dediquen a discutir la nulidad total de las actuaciones practicadas.El magistrado instructor, Joaquín Aguirre, ha sido en estos cinco años víctima de innumerables campañas, tanto jurídicas como personales, que perseguían desacreditarle. Ambos efectos consiguieron que el instructor tomara cautelas y que la instrucción perdiera celeridad en su última fase.

El fiscal pide 13 años y 8 meses de cárcel para De la Rosa, algunas acusaciones le piden 25 millones, y el juez, además, 13.300 millones de fianza de responsabilidad civil.

Todos ellos, por delitos continuados de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal durante los dos años que duró su gestión, que provocó 10.000 millones de pérdidas a la sociedad, que tenía 9.000 pequeños accionistas.

Los delitos que se le imputan a De la Rosa tienen que ver con su entrada en el Consorcio Nacional del Leasing (CNL), saludado desde la Generalitat de Cataluña como una vía para constituir un brazo financiero genuinamente catalán.

También se prefiguran como posible delito las comisiones derivadas de la venta de la cartera de leasing (arrendamientos financieros) de CNL; el préstamo de 900 millones de pesetas a la sociedad Lista 16; los préstamos a la sociedad Sierra Nevada, y la venta de la sede de CNL a la Generalitat, que supuso lucrativas comisiones para De la Rosa.

Su secretario desde los tiempos de Banca Garriga Nogués, Arturo Piñana, y Joan Cruells, el hombre a quien De la Rosa dejó la presidencia de Grand Tibidabo, tienen libertad provisional con fianza de 40 millones cada uno. El fiscal pide seis años para el primero y 10 años al segundo. Sus responsabilidades civiles se han fijado en 6.000 millones para ambos.

Penas de cárcel

Florencio Cerdà, heredero de la antigua mayoría en el capital de CNL, que es el origen de Grand Tibidabo, es otro de los imputados, para quien el fiscal pide siete años de cárcel y al que se le fijaron 13.300 millones de responsabilidad civil.Ramon Fiter, empresario protagonista de varias quiebras y favorecido con pagarés de Grand Tibidabo, encabeza la lista de los imputados a los que el fiscal pide cuatro años de cárcel. Su responsabilidad civil se fijó en 3.580 millones de pesetas. Cuatro años también se piden para el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, junto a 1.060 millones de responsabilidades civiles. Sus sociedades Expovillas y Trevolquivir se beneficiaron presuntamente de fondos de Tibidabo.

Igual pena se solicita para Miguel Soler, el hombre que De la Rosa situó al frente de la contabilidad, y para la abogada Carolina Malagelada, responsable de la desgajadora de comisiones Aciesa, que contribuyó supuestamente al enriquecimiento de De la Rosa y su holding particular, Quail España.