Los jueces confían en que Justicia les ofrezca una subida por productividad

Los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales se muestran dispuestos a renunciar a movilizarse contra el Gobierno en demanda de un aumento de sueldo del 25% si se les concede una subida salarial provisional, vinculada al aumento de productividad, y cuya administración correspondería realizar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el Ministerio de Justicia se preparaba ayer la reunión prevista para esta tarde con los representantes de jueces y fiscales, a los que es probable que les ofrezca que la futura Ley de Retribuciones (que no se aprobará ya en esta legislatura) tenga efecto desde el 2000.

La reunión de esta tarde entre los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales con el secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, se ocupará preferentemente, según fuentes de ese ministerio, sobre las claves del proyecto de Ley de Retribuciones, en torno al cual se recabará la opinión de las seis organizaciones profesionales. González Montes se reunió ayer con sus principales colaboradores para preparar esa reunión.En cuanto al aumento salarial provisional mientras se elabora la ley, fuentes gubernamentales recordaron que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2000 está todavía en tramitación parlamentaria, por lo consideran muy probable que se introduzca alguna enmienda en el Senado en relación a las retribuciones de jueces y fiscales.

En todo caso, Justicia cuenta también con la posibilidad de ofrecer a los jueces y fiscales que la futura Ley de Retribuciones tenga efectos económicos retroactivos al 1 de enero del 2000.

Módulos mínimos

Tanto los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales como los altos cargos del Ministerio de Justicia descartan que en la reunión de hoy se ofrezca la subida salarial evaluada por el CGPJ en un 25%: un 18% para recuperar el poder adquisitivo perdido y un 7% para compensar los incrementos de productividad de los jueces que se presten a superar los módulos mínimos de trabajo que se establezcan.Sin embargo, fuentes judiciales anticiparon la posibilidad de que Justicia se niegue a un aumento lineal, mientras que, en cambio, acepte adelantar para el año 2000 los complementos de productividad que figurarán en la futura Ley de Retribuciones.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, consideró que adelantar, al menos, el incremento por productividad "sería lo lógico", así como que existe un compromiso entre todas las asociaciones que participan en la negociación para aceptar el sistema de módulos, con complementos de productividad, a cambio del aumento salarial.

En consecuencia, en caso de que Justicia ofezca esta tarde el incremento por productividad, su administración, al menos en lo que se refiere a los jueces y magistrados, correspondería al CGPJ. Los fiscales, en cambio, dependen de Justicia, pero sus retribuciones estatutariamente se equiparan a las de los jueces de igual categoría.

Bodas reconoció que la subida salarial por productividad no es bien vista por todos los miembros de las carreras judicial y fiscal, entre los que existen quienes prefieren complementar sus sueldos mínimos con conferencias o preparación de opositores, en lugar de una dedicación plena e intensiva al trabajo de jueces y fiscales.

En todo caso, Bodas recuerda el compromiso de todas las asociaciones con el CGPJ, aunque entre los jueces y fiscales representados existan reticencias que, en algunos casos han llegado a considerar que la independencia judicial está reñida con la productividad. Para Bodas, lo que se defiende en la negociación del aumento retributivo "no es el productivismo, sino la productividad voluntaria y la transparencia, mientras que hay jueces y magistrados que prefieren cobrar menos, pero obviar la transparencia de su dedicación y el control de su trabajo".

Reunión de 200

En cuanto a las medidas a adoptar si Justicia se mantiene en el incremento retributivo del 2% para el año 2000, los negociadores informaron ayer que a la reunión anunciada para acordar las mediadas de presión también asistiría la cúpula de las fiscalías en las 17 comunidades autónomas.Así pues, a los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, 50 presidentes de Audiencias Provinciales y 50 decanos de las capitales de provincias, se unirían los 17 fiscales jefes de las respectivas comunidades autónomas, así como los fiscales jefes de las Audiencias Provinciales, con lo que la cúpula judicial y fiscal que se reunirá (si no hay acuerdo con el Ministerio de Justicia) con las asociaciones de jueces y fiscales superará los 200 miembros.