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El secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional (AECI), Luis Espinosa, será juzgado en la Audiencia de Valencia como supuesto coautor de un delito de insolvencia fraudulenta. El ex secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) está acusado por uno de los acreedores de Robima, SA, de ocultar, como apoderado de la empresa y en connivencia con otros de sus gestores, parte del patrimonio de la firma. La Audiencia ha rechazado el último recurso contra el procesamiento de Espinosa, para quien se pide una pena de siete años de prisión.
El alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores también está imputado en la investigación abierta por el supuesto uso irregular de fondos de formación realizado por la CEV entre 1994 y 1996. Si en este procedimineto se le acusa, de forma cautelar, de un fraude en las subvenciones, la acusación por la quiebra fraudulenta ya es firme.La seccion segunda de la Audiencia de Valencia desestimó el pasado 1 de octubre el segundo recurso interpuesto por Espinosa contra su procesamiento. El letrado del responsable de la AECI solicitó la nulidad de la investigación porque su cliente prestó declaración, en calidad de imputado, sin tener conocimiento previo del contenido de las pesquisas. Sin embargo, en opinión del tribunal, este hecho ni supone una violación de su derecho a la tutela judicial ni le ocasionó indefensión alguna.
Al contrario. "El recurrente conocía perfectamente la imputación que contra él se había formulado, ya que concretamente hizo constar que no había participado en la quiebra de la mercantil Robima de ninguna de las maneras", apunta el tribunal. La titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia, la instancia que investigó el caso, rechazó la apelación previa con idénticos argumentos.
"Deuda ficticia"
De hecho, la magistrada ordenó el procesamiento del ex secretario general de la CEV a petición de uno de los acreedores de Robima. Según la acusación particular, Espinosa concibió con los otros seis acusados un plan para extraer de esa empresa "la totalidad de los bienes" que componían su patrimonio.Todo ello, "con la finalidad de eludir" el pago a los múltiples acreedores de la compañía.
Margarita Gomá, la fiscal encargada del caso, no acusa a Espinosa, aunque sí imputa a los copropietarios de Robima el cobro de una deuda ficticia de 42 millones de pesetas "en perjuicio del resto de acreedores legítimos de la empresa, que cesó en el pago corriente de sus obligaciones" el mismo día, el 21 de noviembre de 1989, en el que la deuda aludida fue cobrada.
El ministerio público ha dirigido su imputación final contra seis personas, dos de ellas, las que cobraron la deuda ficticia, Enrique Goda, consejero delegado de Robima y Julio Genovés, miembro de su consejo de administración. Espinosa, como apoderado de la firma dedicada a la compra-venta de maquinaria y todo tipo de herramientas y accesorios, reconoció ante notario la existencia de esa deuda.
La decisión de la sección segunda es firme, por lo que, de respetarse los plazos habituales, Espinosa será juzgado en los próximos meses en la sección primera de la Audiencia de Valencia. Antes, el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Valencia -en septiembre de 1993- y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (en junio de 1995), declararon fraudulenta la quiebra de Robima en los procesos abiertos en la jurisdicción civil. Ahora es el turno de la penal.
