Sanlúcar aprueba una comisión de investigación sobre el intento de soborno a un concejal del PP
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se sumaron ayer a la propuesta de Izquierda Unida de crear una comisión de investigación que depure las presuntas responsabilidades políticas que pudieran derivarse del intento de compra de un concejal del Partido Popular por parte del secretario de organización del PSOE en la citada localidad, Rafael García Raposo. La comisión estará integrada por un representante de cada uno de los cinco partidos con representación y dispondrá de 90 días para culminar sus indagaciones.
El ex alcalde socialista, Agustín Cuevas, esperó pacientemente a que terminara el pleno y aprovechó el turno de ruegos y preguntas para atacar a sus adversarios políticos y pedir explicaciones sobre las numerosas manifestaciones de los integrantes del nuevo equipo de gobierno, la coalición PP y PA, que se hizo con el Ayuntamiento tras una moción de censura el pasado día 19.Curiosamente, Manuel Ramírez, el concejal al que los socialistas supuestamente intentaron sobornar con 50 millones de pesetas y un puesto de no estaba en este pleno. Tanto en el pueblo como en el Ayuntamiento, todo el mundo comentaba que se encontraba en París, en Eurodisney, uno de los premios que le ofrecieron en el PP tras su denuncia.
El ex alcalde le preguntó a los integrantes del PA sobre sus acusaciones en las que sugerían que el PSOE había intentado comprar también a uno de sus concejales para evitar la moción, pero los andalucistas se escudaron en la comisión de investigación y aseguraron que responderían en ésta. Al que si puso nervioso Cuevas fue al portavoz del PP, Marco Antonio Caballero, al que le preguntó si era verdad que en septiembre le había pedido un puesto de trabajo para él y otros compañeros de partido a cambio de apoyos políticos en determinadas cuestiones necesarios para el PSOE. Caballero se aturdió y admitió que sí le había pedido un trabajo a Cuevas, pero dijo no recordar haberlo hecho para nadie más.
El flamante alcalde, Juan Rodríguez (PP), salió en defensa de su compañero, al que, incluso, como presidente del pleno, ordenó que se callara para recriminar a Cuevas e interrumpir su batería de 30 preguntas y suspender la sesión.
Mientras los juzgados no llaman a nadie a declarar, el caso del presunto soborno al concejal popular está envuelto en un mar de rumores con acusaciones contra constructores y noticias desmentidas sobre la desaparición de ordenadores y papeles del Ayuntamiento. El PSOE parece apostar por el delito inducido, esto es que el concejal se ofreciera, y amenaza con levantar los trapos sucios de la colaboración del PP en su gestión de gobierno. Muchos de los temas urbanísticos que el PP asegura que pueden ser ilegales, se aprobaron con el apoyo de sus concejales en Sanlúcar.
En el pleno de ayer, la coalición de gobierno aprobó nombrar a nueve concejales con dedicación exclusiva (380.000 pesetas mensuales de sueldo bruto) y dos con dietas. Sólo dos de los 13 concejales de PP y PA se quedarán sin cobrar del Consistorio. En el mandato socialista una moción redujo a dos los concejales con dedicación exclusiva.
