La injusticia de los Presupuestos Generales del Estado

El Congreso de los Diputados analiza y debate estos días los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2000. Con estos Presupuestos se culmina una legislatura de gobierno del Partido Popular. Los principios, los criterios, la filosofía política con que han sido elaborados, las decisiones que contienen, ponen en evidencia la política más dura, más opaca y más injusta que ningún otro gobierno haya desarrollado en toda nuestra etapa democrática.Por segundo año consecutivo ocurre algo insólito, que nunca sucedió en nuestra reciente historia democrática: en los ingresos del Estado, los impuestos indirectos crecen un 8,1%, superando a los impuestos directos, que aumentan sólo en un 4%.

Como resultado de la injusta reforma fiscal, la recaudación por IRPF sólo aumentará un 0,9%, que es básicamente el resultado del crecimiento de las rentas del trabajo.

La presión fiscal ha crecido, lo que no ocurría desde el año 1992. Pero lo más inaceptable es que la carga fiscal se haya distribuido de la forma más insolidaria.

Hay, además, en estos Presupuestos otro hecho tremendamente injusto que debe ser conocido: también por segundo año consecutivo las políticas activas de empleo (las bonificaciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social) y los complementos de mínimos de las pensiones están siendo financiados a través de las cotizaciones sociales. Es decir, son los propios trabajadores con sus cotizaciones los que financian directamente las prestaciones sociales y las bonificaciones empresariales.

Como tercer elemento está la política de inversiones. En términos generales el esfuerzo inversor de este presupuesto es muy deficiente. Sólo puede considerarse la existencia de un ligero crecimiento si se compara con los años anteriores en los que el Partido Popular redujo drásticamente las inversiones públicas. En cualquier caso, la tasa de inversión sigue estando muy lejos de la del último ciclo expansivo de la economía española. En el año 1995, último presupuesto de un gobierno socialista, las operaciones de capital supusieron 2,471 billones de pesetas, un 2,92% del PIB; en el año 2000 estos mismos capítulos suponen 2,293 billones de pesetas, un 2,34% del PIB. Estos datos son difícilmente comprensibles en un periodo de bonanza y crecimiento económico.

Pero lo más grave de todo es la distribución territorial que el Gobierno hace de estas inversiones. Andalucía se convierte de nuevo en la región olvidada por el Gobierno de la nación. Somos la penúltima comunidad que menos pesetas por habitante percibe: 13.931 pesetas menos que la media nacional, siendo ésta de 37.000 pesetas por habitante. El Gobierno nos dedica sólo un 12,06% del conjunto nacional, cuando nuestra aportación al PIB nacional es un 13% y el peso de la población es de un 18,15%.

Van a ser cuatro años de olvido y marginación, en los que la pérdida de inversiones del Estado están exigiendo un esfuerzo añadido al Gobierno andaluz y a todos los ciudadanos para poder superar las deficiencias acumuladas.

Sevilla, capital de Andalucía, es un claro ejemplo de esta injusta política de marginación. Las inversiones previstas en este Presupuesto para el año 2000 vuelven a reducirse en un 6,3% sobre cantidades ya exiguas: si en el año 1999 el Gobierno de la nación había previsto invertir en Sevilla 19.832 millones de pesetas, para el año 2000 sólo habrá 18.588 millones, 1.244 millones menos. Estas cifras se refieren a las inversiones del Estado, organismos autónomos y sociedades mercantiles estatales. De los 18.588 millones, 6.000 se dedicarán a compra de material logístico por parte del Ministerio de Defensa, con lo que la inversión realmente productiva se reduce a 12.588 millones de pesetas.

En términos relativos estas aportaciones supondrán una cantidad ligeramente superior a las 7.000 pesetas por habitante, lo que significa que cada sevillano recibirá la quinta parte de la media nacional. Es decir, si el Estado invierte 100 pesetas por cada ciudadano, los sevillanos sólo recibiremos 20 pesetas.

Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente grave es que Sevilla pierde de nuevo la oportunidad de que el Gobierno la ayude a resolver los serios problemas de infraestructuras que viene acumulando desde hace cuatro años. Citaré sólo los ejemplos más relevantes:

- El pantano de Melonares, aparcado definitivamente, siendo la única alternativa para solucionar el abastecimiento de agua a la población de Sevilla y su área metropolitana (cerca de 1,5 millones de habitantes).

- El metro de Sevilla y del conjunto del transporte metropolitano. El Estado va a destinar este año más de 60.000 millones al transporte metropolitano de Madrid, Valencia y Barcelona.

- Las reformas en la ronda de circunvalación de la SE-30 y la construcción de la SE-40 en el tramo de enlace entre el aeropuerto y el puerto de Sevilla, que afecta a poblaciones del cinturón industrial como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y Carmona.

- La autovía de la Plata a su paso por la provincia de Sevilla, desde la Venta del Alto hasta Camas. El Gobierno sólo tiene previsto su realización hasta Gerena para el año 2003.

- La renovación y, en su caso, el desdoblamiento de las líneas férreas en los trenes de cercanías, imprescindibles para las comunicaciones entre el área metropolitana y la capital, siendo el eje prioritario el tramo Alcalá de Guadaira-Sevilla.

Todo esto es, en definitiva, una actitud y un tratamiento que ningún ciudadano merece recibir de ningún Gobierno.

Isabel Pozuelo es diputada por el PSOE en el Congreso de los Diputados