El debate parlamentario sobre las 35 horas divide el arco político francés
La Asamblea francesa inició ayer el debate sobre la ley que reduce la semana laboral a 35 horas y en el que ya se vislumbran las fuertes divisiones tanto en las filas de la izquierda como de la derecha, ahora en la oposición. Los comunistas piden un endurecimiento de la ley, mientras que la derecha anuncia su derogación en cuanto vuelva al poder. Ante la demostración de fuerza de los empresarios anteayer, la ministra de Trabajo, Martine Aubry, aseguró que en una de cada dos empresas se ha pactado ya la reducción de jornada.
El maratón parlamentario que debe culminar con la instauración en Francia de la semana laboral de 35 horas se inició ayer por la tarde en la Asamblea Nacional en un clima de divisiones que alcanza por igual a la mayoría de la izquierda plural y a la oposición.La multitudinaria concentración patronal de la víspera, en la que participaron cerca de 30.000 empresarios, pesó notablemente en la enrarecida atmósfera política de la jornada, pero es dudoso que esa demostración de fuerza empresarial haya contribuido a atemperar los ánimos y propósitos de aquellos que, situados a la izquierda del Partido Socialista, reclaman un endurecimiento de la ley.
De hecho, los obstáculos mayores que se divisan en las dos semanas de debates previstas se sitúan más en el campo de la izquierda que en el de una derecha que a duras penas consigue enmascarar sus divergencias internas.
Con el respaldo movilizador de los sindicalistas de la CGT, los comunistas del PCF parecen decididos a dar la batalla parlamentaria y a constituirse en un polo crítico desde el que atraer a los Verdes y a otros partidos de su órbita.
Los comunistas llevan días repitiendo que no votarán la ley "tal y como está", y aunque sus declaraciones tengan una parte de retórica y de necesidad de subrayar su perfil político, esa actitud va a complicar mucho la tarea de la ministra de Empleo, Martine Aubry, de preservar el texto de la catarata de enmiendas comunistas presentadas, más de un centenar.
En la apertura de la sesión, la ministra trató de rebajar las tensiones existentes a derecha e izquierda subrayando, de un lado, que la ley "no va contra las empresas, sino que pretende mejorar su funcionamiento y hacerlas más competitivas". De otro, mostrándose dispuesta a aceptar las propuestas "dirigidas a mejorar el texto".
Tono templado
Durante su intervención, la ministra se esforzó por encauzar el debate en un tono templado, pero no rehuyó pronunciarse sobre el impacto que la concentración empresarial ha causado en la derecha política. "Más de una de cada dos empresas ha negociado ya. Contamos con 16.000 acuerdos de reducción del tiempo de trabajo que han permitido crear o salvaguardar 125.000 empleos. No, no es necesario retomar aquí inmediatamente los argumentos del señor Seillière [presidente de la patronal Medef], que no son forzosamente los mejor fundados para responder a nuestra ley", dijo la ministra en dirección a los bancos de la oposición.Ante la situación de la derecha política, la Medef está ejerciendo el papel no sólo de grupo de presión empresarial, sino también de "partido del empresariado", hasta el punto de que, desde las filas conservadoras, no faltan quienes animan a los dirigentes de esa organización patronal a desempeñar una función más decididamente política.
Los diferentes partidos de la derecha llegaron ayer a la asamblea con paquetes de cientos de enmiendas particulares bajo el brazo, pero con sólo dos propuestas comunes, que, lejos de testimoniar el intento de unidad, acreditan el fracaso del empeño.
Mientras la Democracia Liberal (DL) se opone frontalmente no ya a la ley de las 35 horas, sino al propósito mismo de reducir el tiempo de trabajo -"hay que trabajar más", repite su líder, Alain Madelin-, la UDF parece muy condicionada por el hecho de que fue precisamente de sus filas de donde surgió en 1996 la ley Robien, precedente legislativo de la reducción del tiempo de trabajo.
El mayor abanico de contradicciones encuentra campo abonado en el RPR, de signo gaullista. De todas formas, el presidente de la patronal Ernest-Antoine Seillière obtuvo ayer en la Asamblea la declaración que ha tratado infructuosamente de conseguir a lo largo de las pasadas semanas: el compromiso, retórico al menos, de que la derecha derogará la ley de las 35 horas en cuanto recupere el poder.
