Los abogados piden que se exija a jueces, fiscales y funcionarios que sepan catalán La falta de acuerdo obliga a aplazar la regulación del ejercicio de la profesión

Los abogados catalanes quieren que el conocimiento del catalán y del derecho civil sea un requisito para que jueces y fiscales puedan ejercer en Cataluña. Ésta fue una de las conclusiones más significativas aprobadas ayer en el II Congreso de la Abogacía Catalana, celebrado en Tarragona. Los letrados proponen que esta exigencia afecte también a notarios, registradores y funcionarios judiciales.

Para hacer posible esta reclamación, los abogados catalanes exigen que se reformen el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como toda la normativa estatal y autonómica que regula el funcionamiento de los registros oficiales. De esta manera, afirman, sería posible realizar las inscripciones en la lengua de cada comunidad. Esta reclamación está incluida en un documento aprobado en el congreso por amplia mayoría, que servirá de base para redactar un código de la abogacía catalana que regulará el ejercicio de la profesión, al margen de las normas española y europea. El código será aprobado por la Generalitat en los próximos meses. Amplio respaldo La ponencia inicial sobre normalización lingüística redactada hace unos meses sólo contenía una declaración de intenciones para fomentar el uso del catalán, aunque la que ayer se llevó a discusión del pleno incorporó las enmiendas en las que se planteaban esas exigencias sobre el conocimiento de la lengua. El texto final fue aprobado por 223 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones tras un debate en el que algunos letrados intentaron sin éxito un claro pronunciamiento por el bilingüismo en la justicia. Josep Canicio, abogado del colegio de Tortosa y autor de la ponencia aprobada, explicó que "no se trata de una imposición del catalán, sino de una promoción". Del mismo modo afirmó: "Lo único que hemos hecho en el congreso es recoger lo que ya establece la Ley de Política Lingüística y acabar así con la situación actual, en la que muchas veces nos sentimos abogados de segunda por emplear el catalán en nuestro trabajo". En este sentido, el texto final insta a los abogados a que, en los escritos que presenten en los jugados, recuerden que el ciudadano tiene derecho a que se le notifiquen las sentencias en la lengua que lo solicite. Del mismo modo, el texto reclama a la Generalitat que impulse de forma activa la normalización lingüística en todas las profesiones jurídicas y que el catalán sea lengua "de uso preferente" por los abogados. Pese a ello, se matiza que, en todo caso, los letrados actuarán en el idioma que elija el cliente. Del futuro código de la abogacía catalana quedará excluido todo lo referente al acceso a la profesión, al rechazarse la propuesta que exigía unos estudios posteriores a la licenciatura para poder ejercer la profesión. PASA A LA PÁGINA 10