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Su historia clínica no cabe en el hospital

Al menos 26 grandes centros sanitarios públicos dejan en manos de empresas privadas sus voluminosos archivos

Gabriela Cañas

Si usted ha sido atendido alguna vez en un gran hospital público español es muy probable que su historia clínica, con datos confidenciales sobre su salud, repose en una nave industrial propiedad de una empresa privada. Sólo en la provincia de Madrid, zona gestionada todavía por el Insalud, un par de empresas custodian nada menos que 3,7 millones de historiales. La mayoría de ellos pertenecen a pacientes ya fallecidos, pero también a otros muchos que hace un año, dos, quizá tres (el plazo lo fija cada hospital) que no acuden al centro sanitario. La práctica está muy extendida y afecta a casi todos los grandes y veteranos hospitales de España: La Fe, en Valencia; La Paz, el Clínico y el Doce de Octubre, en Madrid; Vall d´Hebron, en Barcelona; Hospital de Valladolid; Reina Sofía, de Córdoba; el complejo Juan Canalejo, de A Coruña y así hasta al menos 26 centros públicos que alegan falta de espacio y capacidad de gestión para poder controlar adecuadamente los cientos de miles de historias médicas que generan.

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¿Quién garantiza la confidencialidad?

La lista la completan los siguientes centros: Puerta de Hierro, Móstoles, Severo Ochoa, Murcia, Salamanca, Cabueñes, Virgen de la Torre, Central de Asturias, Valle de Nalón, Talavera de la Reina, Clínico de Valencia, General de Alicante, General de Valencia, Arnau de Vilanova, Xeral, Carlos Haya de Málaga, Universitario de Granada y Basurto, entre otros. Hay otros centros privados o concertados que también depositan su información confidencial fuera de sus muros. Es el caso de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid; del San Pablo, en Barcelona; de la clínica Dexeus o del Hospital de Navarra, entre otros.

El Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos ya están investigando el asunto a instancias de UGT, CCOO y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Los responsables sanitarios alegan que la confidencialidad está garantizada y que su prioridad es la asistencia médica, no la de gestionar archivos. Alegan falta de espacio y razones económicas: el metro cuadrado de hospital es mucho más caro que el metro cuadrado en suelo industrial para un archivo. El resultado es que un puñado de empresas especializadas hace esa labor para un gran hospital por cantidades que suelen oscilar entre los 40 y los 90 millones de pesetas al año. A cambio, la empresa dará un servicio que se explica en esta misma página.

Los hospitales españoles suelen contratar este servicio con una media docena de empresas especializadas en la custodia de documentos. La más importante de todas ellas es quizá Recall, situada en Madrid, antes llamada CTD, que forma parte de una multinacional australiana. Su director general, José Eduardo Grau, asegura trabajar con 250 clientes distintos. Algunos de ellos son hospitales públicos como La Paz, que ha depositado en sus estanterías 1,2 millones de los más de dos millones de historiales que posee.

Tanto en Recall como en Documentalia (ambas empresas, radicadas en Madrid) o Severiano Gestión presumen de superar con creces las normativas e invertir en instalaciones seguras contra los incendios, las inundaciones y las indiscrecciones. "Nuestro personal firma una cláusula que le obliga a guardar confidencialidad absoluta", explica Grau.

Esta misma cláusula la firman los trabajadores de Severiano Gestión SL, empresa radicada en A Coruña que guarda historiales de seis centros sanitarios gallegos, además de los del Hospital Central de Asturias, el Cabueñes de Gijón, el Clínico de Madrid y el Carlos Haya de Málaga, informa Xosé Hermida.

Los hermanos Castro Romero, propietarios de la firma, que cuenta ya con 175 empleados, comenzaron dedicándose a las mudanzas y tienen un grupo de empresas que trabajan en sectores tan variopintos como la fabricación de objetos de madera o la distribución de piensos.

En Cataluña, la empresa JDC Asociados es la que gestiona los historiales de Vall d´Hebron, entre otros centros. Y en Valencia, la Sociedad General de Archivos. Los contratos que les ligan a los hospitales suelen ser de carácter anual.

Sindicatos y partidos políticos de oposición se niegan a aceptar que estos archivos deban salir del hospital. Todos los grandes centros públicos disponen, en cualquier caso, de su propio archivo, con las historias llamadas activas, las que registran más movimientos, y personal adscrito a dicho servicio. En La Paz hay una plantilla de una treintena de personas. En el Doce de Octubre, una docena. En Documentalia, una de las empresas citadas, el centenar de empleados es suficiente para atender el archivo de decenas de empresas, además de los historiales de diez hospitales.

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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