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Entrevista:

VIRGILIO LATORRE "El ciudadano debe ser crítico con la norma"

Ha destacado como abogado penalista en muchos casos. Entre ellos el de Alcàsser, donde ha representado a la acción popular. Pero Virgilio Latorre, de 44 años (nacido curiosamente en La Torre, una aldea de Utiel), ha desarrollado también una labor como ensayista marcada por un compromiso progresista con la sociedad que le envuelve. Este verano lo dedica a preparar un libro, precisamente, sobre la importancia de la acción popular. Pregunta. ¿Cuál es esa importancia? Respuesta. Bien, es la manera del ciudadano para estar representado en la administración de justicia. Sobre todo si la acción popular la desarrollan personas asociadas que buscan un bien común. Pienso en casos como el del síndrome tóxico del aceite de colza, o el de un escape radioactivo. Estos representantes pueden exigir indemnización para que se restauren las condiciones, por ejemplo, medioambientales. Velar por intereses de todos. P. En su último libro publicado, Desde la tolerancia, defiende la participación en la vida pública de colectivos aunque lleguen a desobedecer las normas. R. El ciudadano debe ser crítico con la norma y si ésta es manifiestamente injusta, ha de darse un proceso desobediente. Entonces, la desobediencia civil se convierte en una vía atípica de participación democrática que puede hacer avanzar el estado de derecho. Observemos a los insumisos. Su causa vincula a la sociedad, y la ley cambia. Aquí, y en otros casos como los que afectan a las minorías de cualquier tipo, la tolerancia es esencial como respeto total a los derechos del otro. Y el reconocimiento formal del derecho debe acompañarse del reconocimiento práctico a las circunstancias del individuo. P. ¿Habría límites a esa tolerancia? R. Se darían cuando se cuestione la sociedad democrática. Con una violación, con racismo, con un asesinato... P. Con la ratificación del Supremo de su condena, ¿ha acabado un caso de tanta intolerancia como el protagonizado por Miguel Ricart? R. Todo indica que sí. Opino que no tiene posibilidad de que el Constitucional asuma un recurso de amparo.

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