La pluralidad vasca

El acceso de una socialista a la presidencia de las Juntas Generales de Álava (el Parlamento provincial) es la confirmación anticipada de que será el candidato del Partido Popular -la formación más votada en la provincia- quien dirija la Diputación foral (el Ejecutivo). Otro popular, Alfonso Alonso, es desde el sábado alcalde de Vitoria, donde el partido de Aznar ganó con mayor holgura. El mapa institucional del País Vasco tras los pactos reproduce con exactitud la fotografía que salió de las urnas el 13 de junio. La intensa polarización vivida el último año entre nacionalistas y no nacionalistas no ha llegado a anular las sustanciales diferencias existentes entre el PP y el PSE, por un lado, y entre el PNV y EH, por otro. De ahí que en los ayuntamientos y diputaciones de Euskadi, instituciones más próximas al ciudadano y a la política real, sea mucho más dificultoso alcanzar pactos generales como el suscrito por todas las fuerzas nacionalistas en el Parlamento vasco. En muchos casos, ni siquiera lo permite el veredicto electoral. Por ello se ha impuesto con carácter general el principio de que las instituciones municipales y forales sean gobernadas por el candidato de la lista más votada. En algunos casos se anticipan gobiernos poco estables, ya que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta en las tres capitales vascas ni en las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el único pacto mayoritario aplicable a las seis instituciones -el viejo tripartito de los dos partidos nacionalistas moderados y el PSE- quedó arruinado con los vientos soberanistas impulsados por el acuerdo de Lizarra.

Al contemplar el panorama poselectoral vasco -las tres capitales, gobernadas por un partido distinto: el PNV, en Bilbao; el PP, en Vitoria, y el PSE, en San Sebastián, y roto en Álava el tradicional copo del PNV en las diputaciones- se descubre hasta qué punto fue equivocada la apuesta del partido de Arzalluz. Y no por intentar atraer a Herri Batasuna al terreno institucional, sino por hacerlo abrazando el guión político de Arnaldo Otegi. Álava implica la quiebra más visible y sentida del escenario de hegemonía nacionalista en el que se embarcó el PNV con el argumento de consolidar la tregua de ETA. Al premiar al PP, no parece que los alaveses repudiaran la gestión del PNV en las instituciones, sino más bien las intenciones que intuían en los mensajes de los líderes nacionalistas. Lejos de ampliar su base electoral, el discurso de la "nueva mayoría" y del "ámbito vasco de decisión" ha logrado que el nacionalismo perdiera uno de los tres territorios que ha gobernado durante dos décadas.

La excepción alavesa recuerda que la pluralidad identitaria, ideológica, cultural y territorial es una nota constitutiva de la sociedad vasca, no un engorro del que se puede librar uno en la siguiente convocatoria electoral. Pero también tiene sus consecuencias en términos de poder. Por primera vez en 20 años, el PNV va a quedar fuera de una Diputación foral, un organismo de gran peso específico en el País Vasco por el carácter confederal de sus instituciones. Entre sus competencias, las diputaciones vascas disponen de una esencial: la de recaudar, al amparo del Concierto Económico, todos los impuestos de su territorio, del que aportan cada año una parte al Gobierno vasco y otra (el cupo) al Estado. A diferencia de otras comunidades, hay muchas cosas en Euskadi que no pueden hacerse en contra del criterio de una Diputación. Por ejemplo, abordar la fusión de las cajas de ahorro vascas, que ahora tendrán que plantearse forzosamente una reestructuración de poder, sobre todo en el caso de la alavesa Caja Vital, o crear el Banco Público Vasco previsto en el programa del Gobierno vasco (PNV-EA).

Lo complejo es más difícil de gestionar que lo sencillo, pero así es la realidad plural de Euskadi, y en esa clave se expresan, consulta tras consulta, sus ciudadanos. Lo hacían cuando la violencia y la intimidación de ETA estaban en su apogeo, y lo hacen ahora que cabe una fundada esperanza de que el cese del terrorismo sea definitivo. En eso consiste el reto de los políticos: en tomar la pluralidad como virtud y obligarse a la búsqueda de acuerdos y espacios comunes; todo lo contrario a los discursos excluyentes y actitudes radicales que proliferan en la política vasca.