La sanidad pública practicó sólo uno de los 5.198 abortos de 1998 en Valencia
Interrumpir el embarazo en la red pública valenciana es prácticamente imposible. Sólo una de las 5.198 mujeres que acudieron a abortar el año pasado acogiéndose a uno de los tres supuestos legales que despenalizan esta intervención pudo hacerlo en un centro del Servei Valencià de Salud (SVS) debido, según denuncia la secretaria de la mujer de CC OO en Valencia, Neus Pons, a la apelación masiva en los equipos médicos a la objeción de conciencia. En 1997, de los 4.252 abortos practicados, todos tuvieron lugar en clínicas privadas. El SVS deriva las interrupciones de embarazo a los centros privados con las que mantiene un programa de conciertos. En 1998, un 32% de las intervenciones totales se realizaron en estos centros, a los que la Consejería de Sanidad paga 36.000 pesetas por aborto (frente a las 60.000 que cuesta en un centro privado).
La privatización de hecho de la práctica de abortos en la Comunidad Valenciana está "auspiciada por la política del PP", según la diputada autonómica socialista electa Carmen Ninet quien criticó ayer la situación de "abandono sanitario" de las mujeres embarazadas valencianas que cumplen los requisitos legales y desean abortar.
