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EL JUICIO DEL 'CASO BANESTO'

Una perito del ICAC asesta duros golpes a la "lógica" de la defensa de Rafael Pérez Escolar

El abogado de Conde apenas pregunta, y el de Garro, único acusado en 'locales', no interrogó

La perito judicial Purificación Grajal, funcionaria del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), cuestionó ayer la "lógica" económica de las operaciones calificadas como presuntas estafas del Centro Comercial Concha Espina, Oil Dor, Carburos Metálicos y locales comerciales. En Oil Dor, la perito sometió cada una de las justificaciones de la defensa del acusado Rafael Pérez Escolar a la realidad de lo que ocurrió. En esta operación, la defensa de Mario Conde no hizo preguntas. En su turno para la operación locales, la defensa de Garro se abstuvo de preguntar.

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"Si no están las gasolineras proyectadas, no se pueden vender los litros y, por tanto, no se pueden obtener beneficios", dijo Grajal al fiscal Javier Sánchez Junco, quien tras el interrogatorio sobre el Centro Comercial Concha Espina indagó por el informe pericial de Oil Dor. Según explicó, el proyecto de Oil Dor consistía en construir una red de 115 gasolineras. "Los informes realizados se basaron en un proyecto que contaba con las licencias para instalar esas gasolineras, la compra de terrenos sobre los que se construirían y su posterior explotación", dijo. "Ninguno de estos supuestos se cumplió", añadió.

El fiscal se refirió al informe de los peritos del ICAC, en el que consta que la Corporación Industrial Banesto pagó 300.000 pesetas por cada título (o 6.000 millones de pesetas) al adquirir el 50% de Oil Dor en junio-julio de 1992, a varias sociedades de Carlos García Pardo. Previamente, para poder vender a la Corporación, las sociedades de García Pardo adquirieron sus participaciones a sociedades como Montilsa (controlada por Arturo Romaní y Mario Conde), que no había desembolsado un duro por su 29%, a sociedades vinculadas a Pérez Escolar, que habían pagado las acciones, en una ampliación de capital realizada un mes antes, en mayo de 1992, a 10.000 pesetas por título. El fiscal preguntó qué había ocurrido para que la acción de 10.000 pesetas se pagara treinta veces más tan solo un mes y días más tarde. La perito Grajal señaló: "Nada". En la operación de pase, el acusado Pérez Escolar ganó 748 millones de pesetas, según consta en el informe. El fiscal, quizá anticipándose al escudo que intentaría usar la defensa de Pérez Escolar, subrayó que también vendieron los García Pardo, con un beneficio superior a los 3.200 millones, y FG Inversiones Bursátiles, de la que era presidente y principal accionista Francisco González, actual presidente de Argentaria. FG Inversiones Bursátiles, según dijo la perito, también vendió a 300.000 pesetas por título y ello, recordó, cuando existía cierto interés particular ya que realizó un informe de valoración de Oil Dor utilizado para la venta de la sociedad a Corporación.

Jesús Castrillo, letrado de Pérez Escolar, intentó escudarse en Francisco González, pero la perito contestó que la valoración hecha en su día había sido desmentida por la realidad. Castrillo intentó culpar de todo a Banesto.La perito demostró que eran los informes de los propios ex gestores de Oil Dor los que reconocían la crisis del proyecto.

Al abordar las operaciones de Carburos y locales comerciales, la perito insistió en que los 1.344 millones pagados por Air Products debieron entrar en Banesto y en cambio se fueron a Suiza. Sobre locales ratificó que han desaparecido, sin justificación, 1.500 millones de pesetas.

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