El juez abre diligencias a dos ediles de CiU en Sant Andreu por una falsedad

El Juzgado de Instrucción número 1 de Martorell ha abierto diligencias contra dos concejales de CiU en Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) por un presunto delito de falsedad documental. La querella, presentada por el concejal del PSC Ildefonso Marín, acusa a los dos ediles nacionalistas Josep Camps y Jordi Rubio de haber filtrado a un medio de comunicación un falso informe del Ministerio para las Administraciones Públicas que concluía que el alcalde, el socialista Enric Llorca, incurría en incompatibilidad.

Según la querella, Josep Camps y Jordi Rubio filtraron intencionadamente un informe falso atribuido al Ministerio para las Administraciones Públicas en el que se concluía que el alcalde de Sant Andreu de la Barca, el socialista Enric Llorca, no podía simultanear el cargo de máxima autoridad municipal con el empleo de jefe local de Sanidad. La querella se extiende a Francisco Javier Alonso, un ex concejal que se presentó primero en las listas de Unión del Centro Democrático, posteriormente en las listas del PSC y luego pasó a militar en Unió Democràtica de Catalunya, y que es la persona que supuestamente manipuló el documento en cuestión. Se le acusa de haber utilizado para ello una respuesta de cortesía del presidente del Gobierno, José María Aznar, a una carta enviada por aquél, que llevaba el membrete del Ministerio para las Administraciones Públicas. El caso provocó un considerable escándalo político en Sant Andreu de la Barca. Los dos concejales de CiU acusados de la falsedad han argumentado en su descargo que aunque es cierto que facilitaron el informe a la prensa, no advirtieron en su momento que el documento era falso. En el primer momento de la polémica incluso amenazaron con presentar una querella por injurias contra el PSC si éste persistía en sus acusaciones de falsedad. Cargos compatibles Un informe posterior del Ministerio para las Administraciones Públicas solicitado por el alcalde y otro de la Generalitat certificaron la plena compatibilidad de los dos cargos del alcalde, que fue ratificada en un pleno municipal. Pero quedó como secuela la acusación del PSC contra los ediles de CiU. En su auto de apertura de diligencias previas, el juez cita a declarar el 2 de julio a los tres querellados y, como testigos, al alcalde, al querellante y al periodista que publicó el informe. Asimismo el juez ha remitido un oficio a la subdirectora general de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia del Gobierno para que remita el original o la copia de la carta que Alonso remitió a Aznar y la respuesta del presidente del Gobierno que supuestamente sirvió para urdir la manipulación del documento. Uno de los querellados, Josep Camps, repite como candidato a la alcaldía por CiU y es asesor del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Fuentes de la ejecutiva comarcal del PSC aseguraron que "es una irresponsabilidad que CiU mantenga a Josep Camps como cabeza de lista cuando a lo largo de estos años su trabajo ha sido nulo y sólo se ha destacado por publicar documentación falsa contra los que gestionan el municipio". CiU había convertido en caballo de batalla la supuesta incompatibilidad del alcalde, tanto antes como después del estallido del escándalo del falso informe. Y aún siguen en ello, pese a que tanto el Ministerio para las Administraciones Públicas como la Generalitat dictaminaron que el alcalde no incurría en incompatibilidad.