La "mala imagen" persigue a las empresas de trabajo temporal
A mediados del pasado mes de abril, sindicatos y patronal, ante la atenta mirada del secretario de Empleo, Juan Chozas, hacían añicos la posibilidad de culminar con éxito una reforma pactada de las empresas de trabajo temporal (ETT). Cuando el Partido Socialista, allá por 1994, bajo los auspicios del ministro de Trabajo de la época, José Antonio Griñán, decidió introducir las ETT en España, la falta de diálogo entre los interlocutores sociales presidió el proceso produciendo importantes consecuencias. La ausencia de este consenso está en la base de la "mala imagen" que desde su llegada a España tienen estas compañías, según el secretario general de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (AETT), Ricardo Rodríguez Castañón. El discurso de los sindicatos sobre la presencia de las ETT en España ha sufrido cambios notables. Las centrales reclamaron primero su abolición, pero unos años después han pasado a asumir que su crecimiento es "imparable". Tras una primera etapa de lucha radical contra su existencia, tanto UGT como CC OO mantienen ahora que el objetivo primordial es controlar la evolución futura de este tipo de empresas, que han registrado un vertiginoso crecimiento. A ello se une la apuesta del Gobierno del PP, que considera estas empresas "necesarias" y juzga que "juegan un papel importante". La equiparación salarial entre los trabajadores de una ETT y los de la empresa usuaria ha sido la piedra filosofal de la estrategia de los sindicatos. Por su parte, la AETT, patronal del sector integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que representa a 146 de las 450 empresas de trabajo temporal registradas, se presentó a la mesa tripartita con un punto clave: que las ETT pudieran prestar sus servicios en todos los sectores productivos sin ninguna limitación. Ambas partes, patronal y sindicatos, estaban totalmente de acuerdo, además, en eliminar del mapa del trabajo temporal a las ETT piratas que no cumplen con el convenio o con la legislación. Tras la apertura del proceso negociador, se iniciaron los contactos formales e informales entre los interlocutores para ir perfilando una agenda de temas susceptibles de entrar dentro de la reforma. Pero los primeros desacuerdos no tardaron en llegar. Mientras UGT, CC OO y el Ministerio de Trabajo eran favorables a un cambio radical del conjunto normativo que rige al sector, la patronal, a pesar de mostrase "abierta" a analizar todos los aspectos, prefería una modificación presidida por la moderación. "La patronal no quería una verdadera reforma, porque esta muy cómoda en la situación actual", según el secretario de acción sindical de la UGT, Toni Ferrer. A instancias del nuevo ministro del ramo, Manuel Pimentel, el Consejo de Ministros aprobó un decreto prohibiendo a las ETT actuar en actividades y ocupaciones peligrosas, como la minería, una medida que supuso un ataque directo a la principal exigencia de la patronal en el mesa tripartita. A pesar de estas dificultades iniciales, la AETT insistía en la "buena sintonía" de las conversaciones con los sindicatos. Así, poco antes de iniciarse la ronda final, CC OO planteó una propuesta según la cual se obligaba legalmente a las ETT a hacer fijos en sus plantillas a un determinado número de los trabajadores que ceden a las empresas usuarias. Para establecer dicho porcentaje se tendría en cuenta la duración, las categorías profesionales y el total de los contratos laborales firmados por cada empresa temporal. La patronal, por su parte, propuso la creación de un órgano denominado Centro Nacional de Seguimiento y Control del Trabajo Temporal, que contaría con la presencia de empresarios y sindicatos, aunque no de la Administración. Tanto UGT como CC OO se opusieron a esta composición, ya que sin la presencia del Ejecutivo la institución carecería de "operatividad". Además, ambos sindicatos apostaron por el establecimiento de "medidas sancionadoras" para las ETT. Tras la reanudación de la mesa tripartita, la patronal se mostraba favorable a la exigencia sindical de equiparación salarial pero con matices. La AETT condicionaba su aceptación a la eliminación de "los factores y costes añadidos" para configurar un "escenario no discriminatorio", según el secretario general Rodríguez Castañón. Esto venía a significar la erradicación de las indemnizaciones por final de contrato, que los empleados temporales no tuvieran cotizaciones mayores que el resto de trabajadores por desempleo y formación. Las centrales sindicales se mostraron dispuestas a aceptar la aplicación de lagunas de estas exigencias, como la eliminación de la sobrecotización. Pero en ningún caso a admitir la anulación de todos los sobrecostes soportados por estas compañías, como la indemnización por final de contrato. Además, los sindicatos consideraban "ilógico" evitar la redacción de un reglamento de actividades peligrosas donde las ETT no pudieran enviar sus servicios. Es decir, tras meses de contactos, sindicatos y patronal se lanzan ahora torpedos a la línea de flotación de sus respectivos objetivos. La AETT sugiere que el Gobierno ha "inducido" a la ruptura y CC OO apunta "la falta de interés negociador" de la patronal. Este fracaso de la mesa negociadora abre las puertas para que el Gobierno acometa una reforma unilateral del sector del trabajo temporal. Una reforma que, a buen seguro, contrastará un compromiso en firme adquirido por el ministro Pimentel.
