El Gobierno quiere aprobar antes del próximo verano un plan de protección de las sedes judiciales
El Gobierno vasco quiere cerrar antes del próximo mes de julio un plan de seguridad para proteger los edificios y sedes judiciales de la comunidad autónoma. Los últimos ataques cometidos contra estos centros han llevado a los jueces a apremiar a los departamentos de Justicia e Interior para que refuercen su seguridad. En lo que va de año, los juzgados de Paz, de Instrucción y de Primera Instancia han sufrido siete asaltos por parte de los jóvenes radicales, tantos como todo el año pasado. A pesar de la petición de Herri Batasuna a los responsables de los sabotajes callejeros de que hagan una "reflexión" sobre el alcance político de sus actos -lo que se ha traducido en las últimas semanas en una disminución radical del número de ataques-, el Gobierno ha optado por elaborar este plan.
Una comisión interinstitucional integrada por el viceconsejero de Interior, Mikel Legarda; el de Justicia, Abel Muniategi, y tres jueces decanos, está estudiando las medidas que son más factibles de aplicar. Desde la constitución del nuevo Gobierno el pasado mes de enero, la comisión, que ya se había creado en la legislatura anterior, se ha reunido en tres ocasiones. Los juzgados de Tolosa y Eibar han sido los más afectados por la última oleada de actos vandálicos. El pasado 19 de marzo, varios desconocidos destrozaron su acristalamiento y arrojaron bombas caseras en su interior. La consecuencias fueron muy importantes porque se llegó a quemar diversa documentación judicial, según confirmó a este periódico el viceconsejero de Justicia. "Si las circunstancias políticas se van aclarando, este tipo de incidentes tienen que ir serenándose y desaparecer. Pero a pesar de esta esperanza, el Gobierno ha decidido que hay que reforzar la seguridad de las sedes judiciales. Los jueces demandan protección", explica Muniategi. Según el Gobierno, todos los juzgados son susceptibles de sufrir un ataque, por lo que su protección no resulta fácil. Sobre la mesa de trabajo ya hay presentadas varias propuestas: instalación de cristales más resistentes, de persianas metálicas o incluso de planchas de acero que cubran las ventanas y las puertas. "Hay que sopesar todo, tanto desde el punto de vista estético exterior, como del impacto interior. No hay que olvidar que hay gente que trabaja allí dentro todos los días", recalca el viceconsejero. Seguridad y estética Así, insiste en que la seguridad es una circunstancia que, a veces, está reñida con la estética. "Algunos medios técnicos pueden ser muy efectivos, pero poco estéticos y la estética es algo que aprecia la sociedad. Se ha considerado colocar planchas metálicas de acero con agujeros para que entre la luz, pero se podría convertir a los juzgados en búnkeres, con el efecto negativo que puede tener para los trabajadores. Todo está en estudio", señala. El juez decano de Vitoria, Jaime Tapia, es uno de los tres que participan en la citada comisión interinstitucional. "El Gobierno se muestra receptivo a nuestra petición de seguridad", indica. "Queremos que se refuerce la protección cuanto antes, porque el problema existe y hay que dar con una respuesta. Los jueces no entramos a decidir cuál es la opción técnica más acorde y, aunque somos conscientes de que la seguridad plena no existe, no se puede demorar más la solución", concluye. Los ataques a los juzgados fueron especialmente intensos a mediados de la década de los noventa. Durante los años 1995 (11 estragos), 1996 (12) y 1997 (13), las sedes judiciales experimentaron con más crudeza la violencia del entorno radical y de la propia ETA. Durante 1996 y 1997, la organización terrorista llevó el peso de la campaña contra los edificios de la justicia en el País Vasco, llegando a atentar con explosivos y granadas contra ocho de ellos. En 1998, el número de ataques se redujo a un total de siete, los mismos que se han contabilizado en lo que va de este año. Ataques repetidos En algunos casos, las agresiones contra el mismo edificio se han repetido en el mismo año, incluso en un intervalo escaso de tiempo. Por ejemplo, el Palacio de Justicia de Tolosa sufrió un sabotaje de los jóvenes radicales el pasado uno de enero y el 19 de marzo volvió a ser atacado. El fuego provocado por los agresores requirió la presencia de los bomberos para extinguirlo. Juzgados guipuzcoanos han sido los más afectados por la violencia de los grupos proetarras. Según un informe que el Departamento de Justicia hizo público el año pasado, los daños materiales provocados por los más del medio centenar de ataques ataques sufridos por los edificios judiciales vascos desde el año 1992 y hasta 1998 superan los ochenta millones de pesetas (480.000 euros).
