La Policía Judicial desmantela dos supuestas timbas en las que jugaban artistas y famosos
Música suave, caras famosas y, sobre el tapete, naipes y más naipes. La Policía Judicial apostó fuerte a última hora de la noche del martes y desmanteló dos supuestas timbas clandestinas en sendos chalés de lujo de Chamartín (en las calles de Jorge Manrique y de Alfonso XIII). En la doble operación, con autorización judicial de entrada, la policía sorprendió a una treintena de jugadores, entre ellos artistas y famosos de la televisión. "No era más que una partida de amigos a los que nos gusta jugar; incluso había parchís y dominó", alegó un organizador.
La autorización de entrada en los chalets expiraba a medianoche. Una hora excesivamente temprana, que impidió dar con más jugadores, al decir de los agentes del Servicio de Control de Juegos de Azar, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial. La intervención, promovida a instancias de la Consejería de Hacienda (que posee las competencias en esta materia), había sido bendecida por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid. El permiso, sin embargo, estaba limitado no sólo temporalmente, sino que tampoco permitía el registro de las viviendas; sólo la entrada de los funcionarios para requisar el material de juego visible e identificar a los presentes.Pese a jugar con estos factores en contra, los investigadores consiguieron requisar decenas de barajas, tapetes, fichas, ruletas... Un material que da a la policía, según su versión, cartas suficientes como para activar un expediente sancionador. "Había material no homologado, que puede suponer un fraude a la Hacienda pública. Si nos hubiesen dado más tiempo para actuar, habríamos esperado hasta que se llenase la timba a primeras horas de la madrugada y entonces habríamos obtenido más pruebas", destacó un mando policial.
La intervención, cuyas actas aún se afanaban anoche en completar los agentes, devendrá posiblemente en una sanción administrativa. El póquer, como otros juegos de azar, está prohibido en la región. Pero su práctica, excepto si se demuestra el fraude fiscal, no constituye delito.
Hasta la fecha, la multa más alta propuesta por esta práctica recayó hace cinco meses en Ramón de la Parra, un jugador cuyas afamadas partidas de póquer y bacará en una mansión de Mirasierra, alguna amenizada por el cantante italiano Nicola di Bari, acabaron con una sonada intervención policial. Archivada la causa penal, la Dirección General de Tributos promovió contra De la Parra una multa de cinco millones de pesetas. En el otro lado de la mesa, el imputado ni recurrió la sanción ni se dio por aludido.
Ambos chalets eran objeto, desde hacía meses, de la atención policial. "En este tipo de partidas es muy difícil encontrar pruebas del fraude fiscal. Los jueces sólo autorizan la entrada, y los jugadores, nada más nos ven, se guardan el dinero, de forma que es prácticamente imposible demostrar que era para apuestas. Además, se juega con fichas, cada una con un determinado valor, con lo que sobre la mesa casi nunca hay billetes", explicaron fuentes cercanas al caso.
"Parchís y dominó"
En el chalet de la calle de Alfonso XIII uno de los participantes en la partida se mostró tranquilo, incluso restó hierro a la operación policial. "Si ya sabíamos que iban a venir; colaboramos con ellos en todo momento, se puede decir que hubo armonía con los agentes", señaló, al tiempo que redujo las cifras facilitadas por fuentes policiales. Señaló, por ejemplo, que la cifra de asistentes rondó la docena. "No se llevaron más de 42.000 pesetas. Esto no era una timba, sino una partida de amigos. Jugábamos a póquer, parchís, ajedrez y también a dominó", remachó. Luego especificó que sus "amigos" no eran "para nada" ludópatas o tahúres. "Son gente honrada, tienen profesiones liberales como la abogacía o la medicina. Esto, ya se lo he dicho, es un lugar de encuentro. Por cierto, mucho mejor que el casino".Por otra parte, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, firmaron ayer un convenio de colaboración por el que se distribuyen las tareas de homologación de los materiales de juego. Interior mantiene las competencias técnicas, mientras que la Comunidad se queda con las administrativas.
