Bruselas descentralizará su política de defensa de la competencia
La Comisión Europea aprobó ayer un Libro Blanco sobre la política de competencia que puede suponer una auténtica revolución -hacia atrás o hacia adelante- en la vigilancia de las fusiones y absorciones empresariales y en la persecución de los abusos de posición dominante en el mercado europeo. El objetivo es descentralizar las decisiones sobre estos casos.
El comisario responsable, Karel van Miert, explicó que se trata de que las autoridades nacionales de la competencia absorban parte de las competencias de Bruselas, en los casos de menor cuantía. ¿Quién dictaminará si una fusión, una absorción, una ayuda pública o una práctica concertada entre varias empresas de un mismo ramo atenta contra la competencia y refuerza la tendencia monopolista u oligopolista de un mercado? Hasta ahora -y desde 1962-, la institución europea competente era la Comisión. A partir de ahora, y si sus indicaciones se plasman, como desea el Ejecutivo dimisionario, en una nueva directiva que debería aprobar el Consejo de Ministros (ansioso por recortar los poderes de Bruselas), estas competencias serán más compartidas entre la Comisión y los organismos tutelares de la competencia de los Estados miembros.
¿Es una mera descentralización o una renacionalización en regla? Habrá que verlo en la práctica, aunque Van Miert aseguró ayer que Bruselas, además de reservarse los "casos más importantes", conservará la última palabra en los asuntos menores, y atenderá a las quejas de las empresas que se consideren perjudicadas por las decisiones de los órganos nacionales.
Tampoco quedó claro cómo se conservará la igualdad de trato a las empresas, cuando los organismos nacionales tienen historias distintas y adscripciones administrativas diversas. En España, por ejemplo, el Servicio de Defensa de la Competencia sigue en el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Tribunal de la Competencia, pese a la calidad de algunos de sus miembros, sigue siendo bastante tributario del Gobierno.
Van Miert justificó la descentralización propuesta con tres argumentos. El primero es bastante mediocre, la escasez de recursos humanos con que cuenta Bruselas para una avalancha creciente de casos, que incluyen casi siempre la obligación de notificar las operaciones a Bruselas, y por tanto, su correspondiente deber de contestar.
El segundo es bastante abstracto. Consiste en que la Unión ha cambiado tras el euro, y ahora "hay que concentrarse en lo esencial, en los casos más importantes". El tercero es discutible: "En 1962, cuando nació la política de competencia, no existían organismos nacionales de tutela, salvo en Alemania", alegó Van Miert, y ahora sí se han creado en casi todos los Estados miembros.
El propio comisario reconoció que alberga "dudas" sobre la independencia de dichos organismos en algunos países, lo que equivale a entregar la potestad de dirimir a unos árbitros que, a la vez, son parte.
Tribunal selectivo
Bruselas se constituye así en una suerte de tribunal selectivo -entenderá sólo de los asuntos de mayor cuantía- a la par que de segunda instancia, pues atenderá las quejas de quienes impugnen decisiones de los organismos nacionales. A la objeción de que si este doble procedimiento augura un alargamiento de los procesos, con los consiguientes perjuicios para las empresas perjudicadas, Van Miert respondió que el actual desbordamiento de sus servicios es la causa principal de los retrasos y que la descentralización resolverá el problema. Marcha atrás o hacia adelante, habrá que verlo. Todo dependerá también de quién sustituya a Van Miert como comisario.
