El juez investiga a un médico que sólo prescribía fármacos de un laboratorio en el que tenía intereses El fiscal imputa seis delitos al alergólogo infantil del Ramón y Cajal de Madrid
El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez, ha ordenado investigar las actividades y el patrimonio del alergólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid Teófilo Sainz Martín. El juez ha abierto la investigación tras recibir una querella de la Fiscalía de Madrid en la que se atribuyen al facultativo seis delitos supuestamente cometidos durante su actividad como alergólogo infantil. El Insalud suspendió a Sainz en sus funciones en 1997, tras descubrir que sólo prescribía a los niños vacunas de un laboratorio del que su madre era accionista.
Urbión Farma, ubicado en Aranda de Duero (Burgos), estuvo vinculado a la madre del facultativo hasta 1989. Luego pasó a formar parte de una sociedad a cuyo frente figura un jubilado de 69 años. El fiscal también se ha querellado contra este jubilado, pues sospecha que existía una connivencia económica entre ambos. La Ley del Medicamento no deja lugar a dudas sobre la incompatibilidad de los facultativos para indicar fármacos en cuya elaboración posean intereses económicos. Juan Antonio Gozalo, abogado de Sainz, niega las imputaciones que atribuye el fiscal a su cliente: "Cada uno nacemos de un padre y una madre. Ese laboratorio era una cuestión totalmente de su madre, y mi cliente nada tenía que ver con él", afirma. Y apostilla: "Fue suspendido por el Insalud, sí, pero los tribunales de lo contencioso han ordenado su inmediata readmisión en su puesto de trabajo", añade. La querella del fiscal es fruto de una denuncia que presentaron cinco padres de niños tratados por Sainz en el área de Alergología Infantil del Ramón y Cajal. Durante muchos años, estos padres tuvieron que adquirir periódicamente para sus hijos, por indicación de Sainz, la costosa medicación que éste les prescribió. Cada tratamiento antialérgico costaba alrededor de 20.000 pesetas. El 60% de ese dinero lo sufraga la Seguridad Social y el resto, el paciente. En su querella, el fiscal atribuye al facultativo la comisión de seis supuestos delitos: prevaricación (actuar a sabiendas de que es injusto), falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, lesiones, estafa [a la Seguridad Social] y un delito contra la salud pública. El fiscal destaca que casi toda la medicación que prescribía este médico sólo se podía adquirir en el laboratorio Urbión Farma. Asimismo indica que las vacunas eran, en ocasiones, "mezclas de líquidos inocuos" que en nada ayudaban a la curación de los supuestos cuadros de alergia que decía ver en ellos. Él era el especialista y, por tanto, no firmaba las recetas, pero sí indicaba al médico de cabecera lo que debía prescribir. El fiscal sostiene que el médico también podría haber cometido un delito de lesiones (pinchazos de vacunas inocuas). El abogado de Sainz, por el contrario, afirma: "Yo soy paciente del doctor Sainz, y mi vacuna ha sido muy eficaz y no cuesta más de 10.000 pesetas". El fiscal lamenta también que Sainz diagnosticase determinados tipos de alergias a los menores y les enviase vacunas del citado laboratorio sin comprobar previamente las reacciones que podían sufrir los niños. Y calcula en "varios cientos" el número de pacientes que han podido resultar afectados por las prácticas de este médico. Tras recibir la querella, el juez Domínguez ha ordenado al registro mercantil de Burgos que le facilite la documentación que posea sobre Urbión Farma. El magistrado también está investigando el patrimonio de Sainz (que posee una clínica privada en Madrid) y de las sociedades implicadas, con objeto de aclarar si se ha enriquecido con esta práctica. Una vez que reciba la información, le citará en calidad de imputado. Trabajadores del Ramón y Cajal señalaron hace un año que en la consulta de este alergólogo se solía prescribir al año 4.000 vacunas antialérgicas.
