La acusación pide que se impute en el 'caso Gil' a un exdirigente de la Liga
La acusación popular en el caso Gil va a pedir al juez que impute al exsecretario de la Liga de Fútbol Profesional Jesús Samper como beneficiario de un presunto delito de malversación. También solicitará la imputación de los concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) que en un pleno de marzo aprobaron que el Ayuntamiento de Marbella no fue perjudicado por la publicidad en las camisetas del Atlético de Madrid. La fiscalía sostiene que los contratos son falsos y "nulos de pleno derecho".
Según la acusación, la Sociedad Española de Fútbol Profesional, de la que Samper fue administrador único, intervino en junio de 1995 como intermediaria en un cambio en los contratos de derecho de imagen del Atlético de Madrid, que acabó costándole al Ayuntamiento de Marbella ocho millones de pesetas más por la temporada 95-96. Según se recoge en el sumario, el 28 de junio la empresa municipal de Marbella Eventos 2000 canceló el contrato con el club para la temporada 95-96, por valor de 150 millones de pesetas, y volvió a suscribir el mismo contrato al día siguiente por intermedio de la sociedad administrada por Samper, pero por 158 millones. Samper, que declaró en este caso como testigo el 10 de febrero, insistió ayer a EL PAÍS: "El contrato que se hizo entre la Sociedad Española de Fútbol Profesional y la empresa municipal es público y notorio, si el Ayuntamiento lo ha hecho de una manera o de otra eso ya no es competencia mía".La acusación popular, que representa a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, también pedirá al juez instructor que impute un presunto delito de prevaricación a los concejales del GIL que en el pleno del pasado 24 de marzo aprobaron que los contratos de publicidad de las camisetas no habían perjudicado los intereses del municipio y que "el Ayuntamiento no tiene nada que reclamar". Fuentes de la acusación han indicado que el juez ya ha pedido una certificación al secretario del Ayuntamiento con el texto de la resolución y el nombre de los concejales que votaron a favor.
Una de las principales claves del caso Gil está centrada en determinar si los contratos de publicidad entre el Ayuntamiento de Marbella y el Atlético de Madrid para las temporadas 1991-92 y 1992-93 existieron en realidad. Según la Fiscalía Anticorrupción, "se falsificaron toda una sucesión de documentos públicos, contratos administrativos y decretos de la alcaldía, haciendo aparecer que habían sido firmados en 1991 y 1992, cuando no tuvieron existencia hasta 1995, año en que fueron fabricados para dar cobertura documental al crédito mediante el cual iban a posibilitar la sustracción de 450 millones de pesetas de las arcas municipales".
Y aun en el caso de que los contratos existieran, sostiene la Fiscalía que serían "nulos de pleno derecho".
