Díaz Alperi no advirtió a los compradores de suelo municipal en Alicante que estaban en zona arqueológica
Negocio redondo. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, vendió por 1.413 millones de pesetas cuatro parcelas municipales libres de cargas en el plan parcial de La Condomina (Playa de San Juan) sin advertir a los compradores que los terrenos están situados en zona arqueológica. Dos de las promotoras que adquirieron patrimonio municipal han podido salvar los muebles al conseguir que el Consistorio les otorgara los permisos para edificar por la controvertida vía del acto presunto. No ha tenido la misma suerte la mercantil Promociones Gavair, que tendrá que sufragar de su bolsillo las prospecciones arqueológicas y esperar los informes técnicos para saber si puede o no construir.
El Ayuntamiento de Alicante sacó a subasta cuatro fincas para obtener el dinero que el Ministerio de Defensa reclama a cambio de los terrenos del acuartelamiento del Benalúa, y para poder financiar la compra de una finca de la calle Mayor, propiedad de la CAM, donde se ha proyectado la instalación de dependencias municipales. Las inmobiliarias apostaron fuerte en la puja y elevaron el tipo de licitación en 413 millones de pesetas. Las arcas municipales ingresaron 1.438 millones de pesetas, una cantidad superior a lo que el equipo de gobierno necesita (unos mil millones) para financiar ambas adquisiciones. ¿Podía el Ayuntamiento bloquear las licencias a las tres promotoras que le habían comprado el suelo hasta conocer los informes arqueológicos? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Cómo resolvió el contratiempo? Por la vía del acto presunto (figura legal que permite al promotor iniciar las obras si no recibe respuesta municipal en dos meses). Dejando correr el tiempo el Ayuntamiento evitó posibles reclamaciones de las promotoras que habían adquirido terrenos libres de cargas, listos para edificar. El concejal de Urbanismo, José Ramón García, explica que a pesar de concederse los permisos sin los correspondientes informes arqueológicos, los promotores tienen la obligación legal de comunicar y, en su caso, proteger, los vestigios que pudieran aparecer mientras realizan las obras. Indefensión Pero el edil de Nova Esquerra, Pablo Rosser, arqueólogo municipal en excedencia, que ha solicitado una reunión urgente con los ediles de Urbanismo y Cultura para "abordar el problema", advierte que lo que está haciendo el PP con tanto acto presunto es dejar a los promotores en la más absoluta idefensión. La concesión de licencias por silencio administrativo, señala, puede dar pie a una paralización de obras por orden judicial o por decreto de la Dirección General de Patrimonio en el caso que aparezcan restos arqueológicos. El promotor cree que dispone de todas las garantías jurídicas para iniciar y finalizar la obra dado que ha sido autorizada por el Ayuntamiento, pero sobre él puede caer el peso de la ley si destruye restos arqueológicos. Rosser advirtió que "el PP tendrá mucho poder, pero no podrá cargarse en patrimonio histórico artístico de la ciudad". El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado la petición de suspensión cautelar de la venta de parcelas municipales solicitada por el grupo municipal de Esquerra Unida, aunque queda pendiente de resolver el fondo del asunto: el recurso contencioso administrativo que esta formación presentó contra la enajenación de patrimonimo municipal para financiar inversiones. El portavoz de EU, José Luis Romero, asegura que su grupo está dispuesto a llegar al Tribunal Supremo para impedir esta práctica del equipo de gobierno, y recordó que el alto tribunal anuló una operación similar en Vitoria. A su juicio, lo que está haciendo el gobierno de Díaz Alperi es "incrementar el valor del suelo" y, por tanto, "aumentar la especulación urbanística". Las promotoras que participaron en la subasta de suelo municipal son Promociones Gavair, SL, y Piso Joven, solidariamente, de Elche, Inmobiliaria Osuna, SL, de Granada y Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, SA (Urbincasa). El Ayuntamiento ha cedido a la presión de los promotores y ha encargado la redacción de un plan especial que fijará cuáles deben ser las áreas sujetas a protección arqueológica. Este documento reducirá las zonas protegidas en relación a la actual normativa, que establece como áreas arqueológicas el casco antiguo, barrio de Benalúa, alrededores de la estación de autobuses, monte Benacantil y castillo de Santa Bárbara, L"Albufereta, Cabo de las Huertas y Condomina-Orgegia. Fuentes municipales aseguran que el plan especial reducirá el entorno protegido de Benalúa, donde hay asentamientos romanos, y el área de la estación de autobuses. Sin embargo, L"Albufereta seguirá siendo zona de protección estricta. En teoría, cualquier licencia de obras solicitada para edificar en estas zonas debe comunicarse al arqueológolo municipal antes de otorgarse el permiso. En la práctica, cuando la información llega al técnico de conservación del patrimonio las obras ya se han autorizado, en muchos de los casos por la vía del acto presunto. Una nueva ordenanza de licencias de obras del Ayuntamiento, pendiente de aprobación definitiva, establece que sólo se exigirán los informes arqueológicos a aquellas construcciones o demoliciones que se encuentren en el ámbito delimitado por el futuro plan especial, encargado por el gobierno local al arquitecto Marius Bevià. El plan especial municipal que delimitará las áreas a proteger deberá ser refrendado por la Consejería de Cultura, según establece la Ley del Patrimonio Valenciano. También un apartado de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en trámite de adjudicación, dedicará un apartado a la delimitación de las zonas de protección arqueológica y a la catalogación de los inmuebles de interés histórico-artístico o natural, asignando las medidas protectoras precisas.
