Luis Espinosa será juzgado por la quiebra fraudulenta de Robima
El secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional, Luis Espinosa, será juzgado en la Audiencia de Valencia como supuesto coautor de un delito de insolvencia fraudulenta. El ex secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana, militante del PP, se enfrenta a siete años de cárcel, petición formulada por un acreedor que le acusa de participar en el ocultamiento de parte del patrimonio de una empresa, Robima, SA, que había quebrado. El fiscal no solicita pena alguna para Espinosa.
La magistrada suplente del Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia decretó el auto de apertura de juicio oral contra cuatro de los consejeros de Robima, SA, dos de sus familiares, y el apoderado de la desaparecida firma, Espinosa. Los seis primeros están acusados por la fiscal adscrita al caso, Margarita Gomá, de la comisión de un delito de insolvencia fraudulenta, supuestamente cometido al urdir una operación que permitiera trasladar parte del patrimonio de la empresa a sus responsables. Espinosa, que también afrontará una petición de siete años de prisión, únicamente ha sido acusado de ese delito por uno de los acreedores personados en la causa. Según la fiscal, los copropietarios de Robima cobraron una deuda ficticia de 42 millones de pesetas, que en teoría la firma tenía con ellos, "en perjuicio del resto de acreedores legítimos de la empresa, que cesó en el pago corriente de sus obligaciones ese mismo día", el 21 de noviembre de 1989. Espinosa, como apoderado de la empresa, reconoció ante notario la existencia de la deuda que se cobraron Julio Genovés, miembro del Consejo de Administración, y Enrique Goda, consejero delegado de la compañía de Valencia dedicada a la compra-venta de maquinaria y todo tipo de herramientas y accesorios. "Actuación correcta" La quiebra de Robima, SA, fue declarada fraudulenta por el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Valencia en una sentencia de septiembre de 1993. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificó el fallo en julio de 1995. Pese a todo, Espinosa, que ayer no respondió a las llamadas de este periódico, ha mantenido siempre que su actuación en este caso "fue correcta". A pesar de ello, se sentará en el banquillo de la sección primera de la Audiencia de Valencia. Según fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción remitirá el caso a esa otra instancia en las próximas semanas, en cuanto el abogado de Espinosa eleve ante la juez su escrito de defensa. El letrado del resto de acusados aseguró ayer, sin embargo, que ha interpuesto varios recursos contra la apertura del juicio oral. Precisamente, el paradero de Espinosa, público y notorio dado el cargo de responsabilidad de ocupa, ha dilatado la instrucción del caso: la magistrada solicitó a la policía judicial que localizara al secretario de la Agencia de Cooperación Internacional, una entidad integrada en el organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores, atendiendo la petición de una de las acusaciones particulares que solicitó su imputación.
