Universidad y autonomía: oportunidad y necesidad

Los sucesos del pasado 14 de enero en el Campus de la Universitat Autónoma de Barcelona, en los que una intervención policial violentó la autonomía universitaria y los derechos de manifestación y de expresión, perfectamente compatibles con la necesaria garantía de la seguridad del presidente del Gobierno, han provocado una extraordinaria reacción entre la opinión púlica, lógicamente sacudida por las imágenes que todos han tenido ocasión de presenciar en la televisión. Imágenes que hablan por sí solas sin necesidad de comentarios adicionales. Desde el sentido de la responsabilidad y la serenidad que imponen la gestión de situaciones extraordinariamente difíciles como la que acaba de vivir la UAB, creo que más que nunca se impone la reflexión y el análisis. Desde la universidad tenemos el deber de escapar de las explicaciones simplistas que se intentan ofrecer, a conveniencia interesada del que las plantea. Y en esta dirección es preciso, en primer lugar, tratar de establecer el contexto en el que se produce el intento de los estudiantes de manifestar su disconformidad con la política del gobierno central.Es urgente plantear la situación de la universidad pública en nuestro país, que cuantitativa y cualitativamente es casi tanto como decir de la universidad. De hecho, el trimestre pasado acababa con dos declaraciones contundentes por parte del claustro de la UAB y de la Junta de Gobierno de la Universidad de Barcelona, en donde se reiteraba la necesidad de políticas decididas de mejora de la universidad, desatendida políticamente desde ya hace demasiados años. Desatención a la que se añade la relativa a la investigación, de la que la univeridad española es protagonista principal. Desatención, en fin, que ha hecho que por segunda vez el actual curso haya comenzado con una declaración de todos los rectores del Estado reclamanto la adopción de las medidas necesarias para resolver los problemas con los que nos enfrentamos. No creo que haya precedentes en la historia de un hecho así.

La relación de problemas es poco estimulante, ciertamente: profesorado contratado en situación precaria, financiación insuficiente para la docencia y la investigación, un sistema de ayudas al estudio que no garantiza la igualdad de oportunidades, planes de estudio inadecuados -en gran parte responsabilidad de los propios académicos-, una regulación restrictiva que estrangula las iniciativas de modernización, que se quiere ejercer desde un órgano, el Consejo de Universidades, en permanente crisis desde ya hace años -regulación, por cierto, a la que escapan las universidades privadas en muchos aspectos-, una expansión descontrolada del sistema, en la que los órganos políticos responsables han creado universidades privadas que previamente han recibido el suspenso académico del Consejo de Universidades y al que incluso han venido a sumarse llamativas iniciativas episcopales... El inventario no es exhaustivo.

Este paisaje, apuntado de forma impresionista, convive con una tentación constante por parte de diferentes poderes públicos de laminación de la autonomía universitaria. O así lo sentimos por los menos los universitarios. Me apresuro a decir que la comunidad universitaria no entiende la autonomía desligada de la responsabilidad y de la rendición de cuentas ante la sociedad. Pocas instituciones, creo, ejercen de forma tan sistemática la propia crítica, aunque no sea noticia, ni tienen sus cuentas tan abiertas al control de la sociedad o de sus órganos representativos.

Frente a todo ello, una sociedad que necesita de una universidad pública de calidad puede que cómo nunca antes en su historia, una sociedad en la que la formación de las personas, la creación y aplicación del conocimiento son la clave del progreso social y económico, mucho más que las fuentes de riqueza naturales. Los cambios culturales asociados al despliegue de la "sociedad de la información" y nuestra participación plena en los procesos de integración europea otorgan una centralidad creciente a las inversiones sociales en formación y en I+D. Y conviene no perder de vista que, a pesar de las dificultades antes apuntadas, la universidad pública está realizando un enorme esfuerzo en educación superior e investigación y así vemos cómo nuestros investigadores tienen una presencia notable en los programas de la Unión Europea o se produce un elevado intercambio de estudiantes en los programas europeos o recibimos cada día más estudiantes procedentes de áreas que no pertenecen a la Unión Europea. Tal vez nos encontremos próximos al final de un período en el que se va agotando el incremento de recursos que acompañó el despliegue de la LRU y el caudal de ilusiones y esfuerzos personales que explican la extensión en el tiempo del impulso, ¡ay!, ya casi olvidado, de los últimos años ochenta. Por todo ello, también es conveniente recordar que una visión catastrofista de la universidad sería profundamente injusta y contraproducente.

A mi juicio, ya hace tiempo que se puede dar por concluida la finalidad de la ley que regula actualmente la universidad que, recordemos, se domina de "reforma universitaria". Se puede considerar que la ley ha permitido efectuar el tránsito desde la universidad del periodo franquista -rancia y elitista- a otra a la que tiene acceso un porcentaje mucho más importante de jóvenes, a pesar de que la extracción social de los estudiantes universitarios continua estando más del lado de las capas de mayor nivel económico y/o cultural que en el sentido contrario. Correspondería ahora la elaboración de una ley de autonomía universitaria que dotara la universidad pública de los instrumentos necesarios para hacer frente a la situación actual. La autonomía universitaria es, en efecto, un elemento clave de una de las instituciones europeas más antiguas y que ha contribuido de forma decisiva a la formación de lo que hoy entendemos por Europa. Y así se recoge en la Carta Magna de las Universidades Europeas (Bolonia, 1988): "la libertad de investigación, de enseñanza y de formación son el principio fundamental de la vida de las universidades; los poderes públicos y las universidades, cada uno en su esfera de competencias, han de garantizar y promover el respeto de esta exigencia fundamental".

Una de las claves de la adaptación de la universidad a la nueva dinámica de cambios sociales será el desarrollo paralelo de la cultura de la autonomía universitaria, de los procesos de permeabilidad entre universidad y sociedad y de formas de control social democrático de la actividad de los universitarios. Todo ello, sobre la base de una asignación de recursos proporcionada a los objetivos definidos. La sociedad necesita invertir en la universidad, y la universidad quiere ser auditada por la sociedad.

No podemos afirmar que los casi tres años que han transcurrido desde las últimas elecciones generales hayan sido convenientemente aprovechados para resolver unos problemas que exigían urgente atención mucho antes del inicio de la actual legislatura.

Ha sido un periodo estéril que sólo ha servido para que se agudizaran aún más los problemas. Recientemente, el ministro señor Mariano Rajoy asumía sus nuevas responsabilidades al frente del Ministerio de Educación y Cultura, cuando aún no se había agotado la polémica suscitada por los desgraciados incidentes vividos en el campus de la UAB. Cuando sólo queda un año, mes arriba mes abajo, para que se convoquen nuevas elecciones no parece que el señor Rajoy disponga del tiempo suficiente para elaborar un proyecto de ley que pueda incorporar las suficientes aportaciones de las universidades, administraciones autonómicas y opiniones expertas para que constituyan un instrumento eficaz y consensuado. Si la actual legislatura ha de concluir como la anterior, sin una renovación de la Ley, será muy difícil evitar el perceptible deterioro y enrarecimiento del clima universitario. Deterioro que medidas coyunturales y parciales urgentes sólo podrán atenuar. Confiemos que el nuevo ministro consiga hacer en un año lo que no se ha hecho en tres, o, cuando menos, consiga articular medidas paliativas inmediatas. No serán, desde luego, las universidades las que regateen su colaboración si se dan señales claras de una firme voluntad de avanzar en la dirección apuntada. Quizá no esté de más recordar que fue el Gobierno "centrista" de la UCD quien elaboró un proyecto de Ley de Autonomía Universitaria.

La Universidad tiene identificadas las necesidades básicas del sistema de enseñanza superior y necesita aprovechar todas las oportunidades que le permitan trabajar para hacer posibles los objetivos de excelencia y calidad desde la voluntad de innovación y la actitud de servicio público. Contamos con una tradición en la que el rechazo de la intolerancia y el diálogo permanente hacen de la Universidad un lugar de encuentro privilegiado entre profesores, que tienen la capacidad de transmitir el saber y los medios de desarrollarlo mediante la investigación y la innovación, y estudiantes, que tienen el derecho, la voluntad y la capacidad de enriquecerse con ello.