El Gobierno de CiU asegura que la ley del catalán se aplica con éxito y sin conflictos
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol; el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, y el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, coincidieron ayer en destacar que la Ley de Política Lingüística está consiguiendo "buenos resultados" en el avance del catalán y que al mismo tiempo se aplica "sin conflictividad ni ruptura social". "Todos los tonos apocalípticos, de ruptura de la convivencia, se han demostrado erróneos", afirmó Pujol. Todas las formaciones que dieron su apoyo a la ley, ahora hace un año, se desmarcaron del balance positivo del Gobierno de CiU.
Los máximos responsables de la política lingüística de la Generalitat hicieron ayer balance del primer año de aplicación de la Ley de Política Lingüística, aprobada en el Parlament con el rechazo, por motivos opuestos, del Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Esta norma sustituyó a la Ley de Normalización Lingüística, que había sido aprobada casi por unanimidad en 1983. En un año, el Ejecutivo catalán ha aprobado cinco decretos de desarrollo de la ley, de los cuales tres han sido recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por Convivencia Cívica Catalana (CCC), la plataforma que preside el senador del Partido Popular (PP) Aleix Vidal-Quadras: los que afectan a los documentos notariales, a la concesión de licencias de radio para emisoras comerciales y al cine. Pujol quitó trascendencia a los recursos y se apoyó en varias encuestas de opinión para afirmar que la ley "tiene una buena aceptación social" y que los ciudadanos consideran que era necesaria una nueva ley para avanzar en el uso del catalán. "Con la ley, el catalán pierde la consideración de lengua regional, minoritaria, y accede a áreas a las que sólo tienen acceso las grandes lenguas", añadió Jou. Vocación de Estado En el informe que analiza el desarrollo de la ley, el Gobierno insiste en que ésta "supera las medidas de simple respeto y protección", lo que permite "hacer una política lingüística con una ambición similar a la de algunos estados europeos". Pujol valoró especialmente que este avance del catalán -"un elemento fundamental de la identidad nacional de Cataluña", insistió- a su juicio se produce sin conflictos en la sociedad. "Afortunadamente, la población de Cataluña (catalanohablantes y castellanohablantes) valora la ley, que se aplique gradualmente y que no se base en la coerción", aseguró el presidente de la Generalitat. El balance que hizo ayer el Gobierno de CiU no pudo aportar todavía demasiados datos porque la mayoría de los decretos aún no han entrado en vigor y además establecen un largo periodo transitorio para favorecer la adecuación a las medidas legislativas. Entre los logros que subrayó Pujol destacan la emisión en catalán de los recibos de servicios básicos de la vivienda (agua, electricidad, gas y teléfono) y la entrada del catalán en los registros de la Propiedad y Mercantil. En el último año, la Generalitat ha firmado 20 convenios de colaboración con empresas para facilitar la aplicación de la ley. El decreto que regula la corrección lingüística de los apellidos ha permitido, según explicó Jou, expedir 511 certificados en 1998 para catalanizar el apellido, cuando en los últimos cinco años se habían expedido 485. Según una encuesta de la Generalitat, el 78% de los empleados en las grandes superficies catalanas responden en catalán si el cliente utiliza esta lengua. Asimismo Pujals avanzó que el Gobierno de CiU ultima dos nuevos decretos de desarrollo de la ley que presentará antes del verano: el de acceso a la función pública y el de regulación del nivel de conocimiento de la lengua, que afecta a los certificados que otorga la Junta Permanente del Catalán. Prudencia El Partit dels Socialistes (PSC), Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) y el Partit per la Independència (PI), que apoyaron hace un año la nueva ley, coincidieron en desmarcarse del optimismo de Pujol y apuntaron insuficiencias en su desarrollo. El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, pidió más "prudencia, flexibilidad y discreción", y el diputado de IC-V Roc Fuentes apuntó que la Generalitat es "muy reticente" a poner medios para avanzar en la normalización. El presidente del PI, Àngel Colom, calificó de "tímida" y "lenta" la aplicación de la ley. Por su parte, el PP y ERC redoblaron sus críticas.
