La solución amistosa del conflicto del tanatorio le cuesta al Ayuntamiento de Bilbao 313 millones

A los ciudadanos bilbaínos la apertura de un tanatorio privado les va a costar dinero. En concreto, 313 millones de pesetas. Este es el precio que tendrá que pagar el Ayuntamiento -mediante la compra de un local y la cesión de un solar- a la empresa Funeraria Bilbaína para evitar un pleito judicial en el que tendría bastantes opciones de perder. El concejal de Urbanismo, Dimas Sañudo (PSE), calificó el acuerdo extrajudicial de "buenísimo" y culpó del largo conflicto suscitado al anterior equipo dirigido por el PP, que ha "tenido una negligente actuación".

El desenlace de este litigio, al cabo de año y medio de su inicio, obligará al Ayuntamiento bilbaíno a adquirir por 240 millones el local que iba a acoger en principio el tanatorio privado, el antiguo restaurante Lasa, y a ceder a la empresa promotora -Funeraria Bilbaína- un solar de 2.500 metros cuadrados junto al parque de Etxebarría, valorado en 73 millones y que acogerá finalmente la instalación funeraria. La decisión fue tomada el jueves por la comisión de gobierno, integrada por PNV, PSE-EE e IU, y será ratificada en el pleno de la próxima semana. La razón de este desembolso se sitúa en mayo de 1997, cuando Funeraria Bilbaína consultó al consistorio la viabilidad de su proyecto en los locales del antiguo restaurante, en la zona de Begoña, y obtuvo una respuesta favorable del área de Urbanismo, entonces en manos del PP, que gobernaba junto al PNV. La empresa adquirió entonces por 240 millones los locales. Pero el nuevo pacto de gobierno decidió denegar la licencia de obras invocando la "alarma social" generada entre los vecinos, que iniciaron una intensa campaña contra el tanatorio. Funeraria Bilbaína se encontró así con un local que no podía utilizar para el fin previsto por lo que, tras anunciar acciones legales, presentó el 18 de noviembre una querella criminal por prevaricación contra toda la comisión de gobierno de Bilbao: el alcalde Josu Ortuondo y nueve ediles más, que se enfrentaban a penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación. A ello se unió la exigencia de más de 1.400 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios. El acuerdo extrajudicial ha tenido que vencer la resistencia de Ortuondo, reticente a ceder patrimonio municipal. En realidad, es la misma fórmula pactada el pasado verano entre Dimas Sañudo y la empresa, que entonces fue abortada por el alcalde bilbaíno al considerarla "perjudicial para los intereses municipales". Reticencias del alcalde El concejal de Urbanismo explicó ayer el giro de Ortuondo. "Planteó sus dudas al acuerdo, pero le hemos expuesto que es un conflicto que había que solucionar sin llegar a un pleito legal, y afortunadamente ha cambiado de opinión". Durante las dos últimas semanas, a partir de la presentación de la querella, los socialistas han insistido en sus argumentaciones: que la vía de los tribunales tenía escasas posibilidades de éxito para el Ayuntamiento y que el acuerdo con la empresa era posible, puesto que el interés de ésta es trabajar en la capital vizcaína. Según fuentes consultadas, Sañudo planteó a Ortuondo que su postura inmovilista suponía "un grave problema" en el pacto municipal. "Creo que es un buenísimo acuerdo. La cantidad está muy lejos de los 1.400 que pedía la empresa", valoró Dimas Sañudo al presentarlo públicamente. Basó su criterio en el hecho de que el Ayuntamiento se hace cargo del restaurante por la misma cantidad, 240 millones, en que se adquirió y en que el valor del solar cedido es de 73, que se corresponderían con los "daños emergentes" según dijo. "Son, menos dos millones, los gastos que ha tenido la empresa en los trámites [tras la denegación de la licencia de obras]". El titular de Urbanismo dijo que el coste económico que tendrá que soportar el consistorio se debe a "la negligencia de los anteriores responsables del área. Con más cautela en la consulta urbanística, se podía haber evitado". Reprochó a la anterior responsable de Urbanismo, Ascensión Pastor (PP), su "poca valentía, puesto que estuvieron desde julio a diciembre de 1997 sin contestar a la petición de licencia de obras". Funeraria Bilbaína está de acuerdo con la solución ideada, aunque sus responsables no quisieron valorarla ayer. El gerente, Javier Fernández, estuvo buena parte de la jornada reunido con sus abogados y en la empresa, tras las múltiples vicisitudes, se prefiere esperar a ver estampada la firma del alcalde.