Iturgaiz exige el cese del consejero vasco de Interior por retirar las escoltas

La polémica por la retirada de los escoltas a los ediles y cargos públicos del Partido Popular vasco por parte de la Ertzaintza crece a tres días de que se produzca de hecho. El presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, tiró ayer por elevación y pidió al lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, que cese "inmediatamente" a su consejero de Interior, José Manuel Martiarena. Iturgaiz denunció el "terrorismo psicológico y ambiental" contra el PP. El líder del PNV, Xabier Arzalluz, le contestó que su "victimismo" es "poco varonil".

El sustituto provisional de Juan María Atutxa al frente del departamento vasco de Interior, José Manuel Martiarena, se despedirá este mes de su cargo recién estrenado en plena polémica. Un terreno en el que se mueve como pez en el agua desde el último encontronazo con el Ministerio del Interior, en febrero pasado, por las contravigilancias a ediles populares.Desde que el 28 de noviembre anunciara en una entrevista concedida al diario nacionalista Deia su decisión de retirar la protección oficial de los ertzainas a los cargos del PP vasco, la polémica en torno a Martiarena ha ido en aumento. Apoyado en todo momento por su partido, el PNV, el consejero considera que "en estos momentos ser un cargo público del PP no tiene riesgos de ningún tipo".

A su vez, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, salió ayer en tromba en apoyo a esta decisión y responsabilizó a Carlos Iturgaiz, el del PP vasco, y a Jaime Mayor, el ministro del Interior, de impulsar una campaña victimista en relación con este tema. Así, dijo que esa estrategia "les ha ido muy bien", pero resulta "poco varonil" y "poco política".

En declaraciones a la Cadena SER, el dirigente nacionalista subrayó que Iturgaiz no tiene motivos reales para preocuparse por la violencia, ya que "está muy bien guardado y sigue teniendo su guardaespaldas".

Además, Arzalluz insistió en que la política penitenciaria del Gobierno "no tiene nombre" y en que, si no cambia, "puede poner en peligro el proceso de paz": "Me parece intolerable, un desprecio absoluto al propio Parlamento vasco, que lleva cuatro años con este asunto". Para él, "es absurdo y poco realista" posponer el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas a que ETA anuncie el cese definitivo de su actividad armada.

Campaña intimidatoria

La polémica coincide con una campaña intimidatoria contra concejales del PP: visitas de miembros de la asociación de familiares de presos de ETA, Senideak, a sus domicilios particulares, carteles y misivas amenazantes contra ellos... A esto hay que unir la "sensación de presión" que viven los populares por el rebrote limitado de la violencia callejera tanto en el País Vasco como en Navarra.Para evitar interpretaciones torticeras, desde la Consejería vasca de Interior se asegura que la medida es general, incluidos aquellos cargos públicos del PSE en el punto de mira de la organización terrorista hasta el pasado 16 de septiembre, fecha en la que ETA anunció su alto el fuego indefinido y sin condiciones.

Se da la circunstancia de que algunos cargos socialistas han recibido cartas amenazantes durante estas fechas. Su secretario general, Nicolás Redondo Terreros, se dirigió ayer al PNV para decirle que es el momento de que exija a Herri Batasuna que se solidarice con aquellos partidos que están sufriendo la "batalla por la libertad" que tiene lugar en Euskadi y que "todavía no se ha ganado". "Es el momento de defender a todos los cargos públicos, independientemente del partido que sean", enfatizó el dirigente socialista.

Sin embargo, pese a los últimos acontecimientos, los responsables de Interior vasco mantienen que no se ha producido un cambio sustancial que obligue a modificar la decisión de retirar las escoltas a partir del próximo domingo.

La situación en la comunidad limítrofe, Navarra, en la que la responsabilidad de la seguridad ciudadana sigue en manos de las fuerzas policiales del Estado, no tiene nada que ver. Así, el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuategui, reiteró ayer que no se va a retirar la escolta a los concejales de UPN, partido en el que se engloban los populares.

El delegado del Gobierno no hizo, en realidad, sino repetir las consignas dadas por Mayor: "El Estado no está en tregua; la tregua la han planteado los violentos. Nosotros seguimos teniendo los distintos servicios en marcha y las vigilancias no es algo a lo que hayamos renunciado".

En un intento de tranquilizar y dar sensación de seguridad, el ministro ya ha advertido que ningún cargo al que se le retire la escolta por parte de la policía vasca quedará desprotegido.