Sobre la salud de las listas de espera
En julio de 1992, José Antonio Griñán, Ministro de Sanidad y Consumo, anunciaba, en presencia de su subsecretaria Ángeles Amador, que, en 1993, la lista de espera en los hospitales del Insalud no superaría los seis meses. Eran tiempos de euforia y de la Expo Universal de Sevilla, en la que todo parecía posible. Pero la Expo se acabó y los efluvios de la fiesta dejaron a más de uno solo ante la dura realidad, prisionero de sus promesas incumplidas. Así, según el sistema de información del Insalud, a 31 de diciembre de 1993, la lista de espera de más de seis meses era de 64.560 personas. Evidentemente, no pudo ser.El mencionado sistema de información merece algún comentario, por cuanto contrastaba con la imagen de España que se ofrecía en la exposición universal: los gerentes de los hospitales recibían la información directamente de los médicos, que dejaban sobre su mesa una serie de listados, algunos escritos a mano, y casi todos con tachaduras y anotaciones al margen, que se completaban con su sin fin de post-it amarillos, donde se incluían a aquellos aspirantes de última hora. Honestamente, creo que nadie en este país, ni tan siquiera la señora Amador, podía saber, con un mínimo de rigurosidad, cuantas personas había en lista de espera.
Así pues, asumida la responsabilidad del Gobierno por el Partido Popular, la primera tarea que se acometió por el Insalud fue la de averiguar la verdadera dimensión del problema. Después de tres meses de intenso trabajo se pudo comprobar que la cifra de 160.000 personas en lista de espera, que se barajaba como oficial, en realidad ascendía a 190.000. Es decir, 30.000 personas habían aparecido de la nada.
Más grave aún fue comprobar que, en junio de 1996, más de 25.000 personas llevaban esperando una intervención quirúrgica más de uno, dos e incluso tres años. Este dato confirmaba que el tantas veces mencionado principio de equidad, uno de los que mejor caracterizan a nuestro sistema sanitario público, no era más que eso, un principio, vacío de contenido. Se diga ahora lo que se diga, lo cierto es que en 1996 se acabó prácticamente con la lista de espera de más de un año, que un año después se redujo virtualmente a cero la lista de espera de más de nueve meses y que este año comprobaremos cómo el Insalud habrá acabado con la lista de espera de más de seis meses, un plazo de espera equiparable con el de cualquier servicio sanitario europeo, y que colma las expectativas del señor Griñán cinco años después. Sin embargo, con todo, lo verdaderamente inaceptable, fue verificar que en junio de 1996, 4.098 personas llevaban esperando más de nueve meses para ser operados de cadera, de los que 3.257 llevaban esperando más de un año, una patología que por su gran capacidad invalidante, y a pesar de su alto coste, debería ser objetivo prioritario de cualquier Gobierno digno de erigirse en valedor de la salud de todos, y en especial, de los que más la necesitan. Todo parece indicar que a finales de año nadie esperará más de seis meses para ser operado de esta patología.
Por otro lado, llama la atención las críticas que recibe una referencia tan operativa como la demora media. Este parámetro no sólo resulta aconsejable, sino que es imprescindible cuando se realiza una gestión moderna y eficaz de un elemento tan complejo como es en la actualidad el de la lista de espera. Prueba de ello es que es utilizado por todos los sistemas de salud del Estado. Entre otras virtudes, la demora media es el único parámetro que permite medir en el tiempo la evolución global de la actividad quirúrgica en una organización compleja, permitiendo comparaciones internas entre hospitales y servicios de salud. Por mucho que se quiera cuestionar el concepto de demora media, su reducción de 210 días, casi siete meses, en junio de 1996, a 83 días en junio de este año, habla por sí sola.
Además, de tener que actuar con urgencia para poder mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios sanitarios, el Insalud se ha comprometido con otros muchos proyectos para su desarrollo, para lo cual se enfrenta al reto de gestionar un presupuesto de inversiones que ha experimentado un incremento del 65% en los dos últimos años.
Como la señora Amador bien sabe, la naturaleza de buena parte de estos expedientes, los de admisión de suministros, por ejemplo, alcanza aún a estas alturas del año un nivel de ejecución bajo, por cuanto su recepción y pago se hace en un único acto final y no mediante pagos parciales. Lo mismo ocurre con otros muchos expedientes de liquidaciones de obras y revisiones de precios.
El comportamiento en la ejecución de las inversiones, lento al inicio del año y muy rápido en su final, es caso tradicional en la administración sanitaria. Baste recordar que durante 1997 la ejecución económica era, por estas mismas fechas, más baja incluso que la de este año, y acabó alcanzando una ejecución del 99,18%.
