Los rectores siguen a la espera del nuevo marco de financiación para poder elaborar sus presupuestos
Los equipos económicos de las cinco universidades públicas valencianas están a la espera de conocer el nuevo marco de financiación plurianual para poder elaborar los presupuestos, tal y como corresponde a lo largo de este mes de octubre. Pese a la incertidumbre, lo que sí tiene claro el recién consolidado frente común de gerentes y vicerrectores de Economía es que no están dispuestos a bajar el techo de la financiación ordinaria, que sitúan en 70.000 millones. Según fuentes de varios rectorados, "la posición de las universidades es firme". "En eso seremos inflexibles, y esperamos un aumento significativo del gasto corriente en los Presupuestos, que se aproxime al 1% del PIB", han precisado a este periódico.
"Octubre es, tradicionalmente, el mes de los presupuestos. Y nosotros aún seguimos sin conocer el plan financiero que tendremos", precisas fuentes unversitarias. Y es que la revisión del Programa Plurianual para la Financiación del Sistema Universitario Valenciano [aprobado el 24 de mayo de 1994] se está alargando demasiado en el tiempo y, a decir de la firmeza de las reivindicaciones de los rectorados, las negociaciones se prevén arduas. Con todo, las mismas fuentes consideran que en Educación, tanto el consejero, Francisco Camps, como la directora general de Universidades, Carmen Martorell, han dejado puertas abiertas para una revisión que, en la práctica, se traduzca en un incremento del gasto corriente [que en la actualidad se sitúa en 37.000 millones] de forma que las necesidades mínimas de funcionamiento de las universidades estén garantizadas. Según los rectorados, Educación se ha comprometido a zanjar el tema antes de fin de mes. "Estamos de acuerdo", precisa Martorell, "en que haya una subvención básica que cubra las necesidades primordiales de las universidades, donde ellas tengan un marco para programarse y que, además, dispongan de una aportación extra por objetivos", informa Ezequiel Moltó. Martorell apunta que, entre los parámetros que podrían revisarse está desde el concepto mismo de alumno financiable, hasta aspectos como los años de experiencia docente, o si los programas de doctorado se incluyen como aportación básica o como objetivos. De entrada, la posición unánime de los equipos económicos a la hora la negociación pasa por defender "un aumento significativo en los próximos presupuestos"; exigir que el Consell pague los 4.000 millones (según la auditoría de la Sindicatura de Cuentas) que adeuda en conjunto a cuatro de las cinco universidades; y pactar unos plazos "mínimos", que en ningún caso deben de superar los dos o tres años, para que la Administración eleve el gasto universitario a los 70.000 millones que las universidades valencianas solicitan para situarse al nivel de la media nacional.
