El Supremo decide hoy si ingresan en prisión los otros condenados del GAL

El Tribunal Supremo tiene previsto estudiar hoy los recursos presentados por José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, contra el auto de ejecución de la sentencia del caso Marey, que les supuso su ingreso en la cárcel de Guadalajara el pasado día 10 para cumplir los diez años a los que fueron condenados. Asimismo, la Sala de lo Penal debe decidir sobre la solicitud de los otros diez condenados por el secuestro de Segundo Marey de que se suspenda la ejecución de la sentencia.En su momento, el tribunal paralizó el encarcelamiento de estos últimos a fin de contar de manera previa con el informe de alegaciones del fiscal, el abogado del Estado y las diferentes acusaciones respecto a si procede o no esa suspensión por el hecho de que hayan pedido de forma personal el indulto.

Los afectados son Julián Sancristóbal, ex director general para la Seguridad del Estado; Francisco Álvarez, ex jefe del Mando Único en la Lucha Contraterrorista; Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao; Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos; José Amedo, ex subcomisario de Policía; Michel Domínguez, ex inspector, y Francisco Saiz Oceja, Julio Hierro, Luis Hens y Juan Ramón Corujo, inspectores.

El fiscal, José María Luzón, y dos de las acusaciones se han opuesto a la suspensión de la ejecución de la sentencia para todos ellos. A su vez, la de Marey se opone también, excepto en lo referente a Hens y Corujo, que le pidieron perdón durante el juicio y para los que se remite al criterio de la Sala. Por su parte, el abogado del Estado ha pedido la ejecución para los cuatro a los que acusaba: Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo y Amedo.

La oposición del fiscal

Luzón también se opuso ya a los recursos de Barrionuevo y Vera contra el auto por el que el tribunal acordaba la ejecución de sus sentencias. Para él, no procede suspenderla por el hecho de que hayan presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el caso del ex ministro del Interior, tampoco lo estima pertinente porque se hayan presentado solicitudes de indulto para él, tal y como alegó en este trámite.En relación con las peticiones en favor de Barrionuevo, el fiscal estima, en concreto, que las solicitudes de terceras personas, sin actuar en nombre del interesado y salvo que sean promovidas por algún familiar directo, no generan la necesidad de incoar un expediente de indulto. Todo ello, expone, "sin perjuicio de que pueda servir de noticia al Ministerio de Justicia para tomar la potestativa, que no necesaria, iniciativa prevista en el artículo 21" de la ley de indulto.

El fiscal también rebate los fundamentos de Barrionuevo y Vera, quienes consideran que se tiene que suspender la ejecución de la sentencia debido a que han presentado recursos contra ella ante el Constitucional. Al respecto, Luzón insiste, en el escrito que ha presentado a la Sala, en que la discusión sobre la suspensión es del propio Constitucional y que, según su doctrina, es improcedente.

El fiscal recuerda que, aunque existe el derecho a la libertad, según el Constitucional, las sentencias "claman por ser cumplidas", por lo que entiende que no hay lugar a la suspensión debido a la gravedad de los hechos probados, la alarma social y las elevadas penas impuestas.

Respecto a Barrionuevo y su alegación de que el Supremo no pidió opinión al fiscal cuando decidió el inmediato ingreso en prisión tanto para Vera como para él, Luzón destaca que para ejecutar una sentencia firme no es necesario pedir informe alguno al Ministerio Público.