Las consecuencias del contagio
La confusión creada por el brote de hepatitis C, motivada por la desinformación, la información sesgada, intencionadamente dirigida y desmentida a los pocos días, ha generado desconfianza en la población respecto de su servicio de salud y ha puesto en entredicho la profesionalidad y deontología de los 39.000 trabajadores sanitarios. Por ello nos dirigimos al presidente del Consell, para que tome conciencia de la situación y obre en consecuencia, pues de lo contrario, será cómplice del desaguisado creado desde la Consejería de Sanidad. ¿Cree usted, señor presidente, que los sistemas de información, los criterios de control de calidad y la inspección han funcionado? ¿Piensa que la población se puede quedar tranquila cuando las autoridades sanitarias no han sido capaces de reaccionar ante la mínima sospecha de infección, aunque ésta fuera producto de informaciones verbales? La realidad ha demostrado que el sistema de vigilancia epidemiológica no ha sido eficaz al no poner en marcha los sistemas de alarma, teniendo en cuenta los conocimientos que tenían (desde luego bastante antes del 20 de marzo). Ello hubiera permitido estudiar los posibles mecanismos de contagio y confirmar la existencia o no del brote, además de dar instrucciones al personal sanitario y orientar a la población. Todo esto (que significa actuar a la ofensiva) hubiera evitado la alarma social y la desconfianza en el sistema sanitario. Nos preocupa el desinterés que al consejero de Sanidad y a su equipo les produce la participación ciudadana, al negar el funcionamiento del único órgano de participación, el Consejo de Salud - a pesar de que solicitamos su convocatoria por vía extraordinaria el 2 de abril, no se celebró hasta el día 28-. Sólo a partir de las exigencias de las organizaciones que lo integran, la consejería puso en marcha mecanismos de información, atención sanitaria, apoyo psicológico y jurídico a los afectados, cuando debieron hacerlo mucho antes. Deben reconocer que no han funcionado ni los sistemas de control de calidad de la Atención Especializada ni los sistemas de inspección, al no revisar el procedimiento de acreditación de centros. Porque si no, no es entendible que la consejería no se haya enterado hasta ahora de que en algunos centros no se den informes claros a los pacientes, o no se sepa quién les intervino. Para creerle cuando afirma que usted garantiza la atención sanitaria, debería haber destituido a todos los responsables de esta desdicha, comenzando por el consejero Farnós, ya que su sentido de la ética no le ha hecho dimitir. ¿Cómo puede permitir que el consejero haga uso de una información confidencial a la que tiene acceso en razón de su cargo, cuestionando con ello la ética y la deontología profesional del personal sanitario y actuando de acusador, cuando eso corresponde al juez? ¿Cómo es posible que los directores generales de la consejería manifiesten que "aquello que no consta por escrito no existe" y que la Administración no puede atender "cualquier denuncia verbal" cuando el 28 de abril ya hacía dos meses que eran de dominio público los acontecimientos, y el juzgado tenía abiertas las diligencias de la denuncia de Iberdrola desde antes de Fallas? Señor presidente, por el bien del SVS, por el respeto de las 39.000 personas que trabajamos en él, por la necesaria recuperación de la confianza de la población en el sistema sanitario, le rogamos que adopte las medidas disciplinarias y políticas que sólo usted puede tomar y cese a todos los responsables de la Consejería de Sanidad. Las responsabilidades civiles y penales, si las hubiera, las decidirá el juzgado. Finalmente, nos permitimos recordarle que la consejería es responsable de la prevención de riesgos de 39.000 trabajadores y que tiene sin constituir los Servicios de Prevención, tal y como obliga la ley 31/96. Es a estos servicios a quienes corresponde prevenir y velar por la salud, y en función del tipo de actividad que cada persona realice, determinará y evaluará qué reconocimientos y medidas son necesarios para que la situación de salud del trabajador o trabajadora no constituya ningún peligro para él mismo o para la población. No consienta que se produzca otro desaguisado, con actitudes de direcciones de centros que sin planificación ni criterios realicen acciones discriminatorias negativas que sometan a determinados colectivos a más sospechas. Dirija, ordenando calma a las direcciones, y llame a los responsables a la urgente constitución de los Servicios de Prevención, con los contenidos y criterios previstos en la Ley. Y por favor, no genere más alarma social ni más desconfianzas, ni más enfrentamientos, pues la población valenciana no se la merece. Si es capaz de hacer que recuperemos la confianza en el sistema de salud, su prestigio como gobernante mejorará. Teresa Conca Martínez es secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en el País Valenciano.
