Hormaechea, condenado a otros ocho años de inhabilitación por prevaricación
La Audiencia Provincial de Santander ha condenado al ex presiente de Cantabria Juan Hormaechea a ocho años de inhabiliación especial para cargo público por un delito de prevaricación cometido en 1994, al declarar bien de interés cultural un solar en el que un antiguo enemigo político, el constructor Manuel Rotella, pretendía levantar una edificación. Dos de sus ex consejeros, José Ramón Ruiz (de Presidencia) y Dionisio García Cortázar (Cultura) han sido condenados a idéntica pena, mientras que otros dos, Ángel Madariaga de la Campa (Industria) y Manuel Pérez García (Economía), han recibido sendas penas de siete años de inhabilitación. La sentencia, hecha pública ayer, es recurrible ante el Tribunal Supremo.Juan Hormaechea, de 59 años, ya había sido condenado en 1995 por prevaricación y malversación de caudales, públicos a un total de seis años de cárcel (luego fue indultado) y a 14 años de inhabilitación especial, y desde entonces se mantiene alejado de la política. El ex presidente tiene pendiente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y asegura estar dispuesto a llevar su caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La nueva condena tiene su origen en un acuerdo del Consejo de Gobierno presidido por Hormaechea, el 13 de diciembre de 1994, por el que se incoó expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, el llamado solar de Las Cachabas, situado en plena zona marítima, del que es propietaria la autoridad portuaria y dónde el ex alcalde de Torrelavega, Manuel Rotella' empresario, pretendía construir un gran edificio. Hormaechea y Rotella estaban entonces enfrentados por cuestiones políticas.
El acuerdo del Consejo de Gobierno, dictado so pretexto de querer defender los intereses de la ciudad y sus habitantes, fue anulado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que estimó sendos recursos contencioso -administrativos interpuestos por la autoridad portuaria y el constructor Rotella en representación de su empresa inmobiliaria.
La sentencia considera el acuerdo adoptado por el Ejecutivo regional una acción manifiestamente injusta. La resolución, según los jueces, no pretendía otra cosa que desvirtuar las competencias municipales para la concesión y eficacia de licencias urbanísticas, y hacer ineficaz el derecho de la ciudadanía, particularmente el de Manuel Rotella, a interesar y obtener tales autorizaciones.
Llamadas al orden
Durante el juicio celebrado el día 4, Hormaechea declaró que eran los funcionarios quienes tenían que haber advertido si el Consejo de Gobierno incurría en ilegalidad al oponerse a la edificación en el solar de la autoridad portuaria. Ésta, representada por el abogado del Estado, pedía por un delito de prevaricación ocho años de inhabilitación y 10 años el empresario Rotella. Desde el inicio de la instrucción, el fiscal sostuvo la inexistencia de delito y se pronunció a favor del sobreseimiento de la causa.A lo largo de la vista, el ex presidente, que evitó sentarse en el banquillo gracias a su condición de abogado, hubo de ser llamado al orden por la sala más de una vez. "Si los gobiernos del País Vasco y Cataluña", dijo, "hubieran intervenido en sus puertos [en alusión al solar de Las Cachabas, situado junto al de Santander no estaríamos aquí sentados". La intervención final del ex presidente, que se prolongó durante aproximadamente una hora, llegó a exasperar a los jueces y la sala decidió poner término a su alegato.
Tanto Hormaechea como los otros cuatro condenados están ya retirados de la vida política.
