La investigación del fraude de la gasolina colapsa la actividad parlamentaria

Madrid - 02 mar 1998 - 00:00CET

La investigación sobre el presunto fraude en determinadas gasolineras de la Comunidad (suministraban entre un 4,3% y un 7% menos de combustible del que cobraban) ha colapsado la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Durante seis semanas, la comisión de investigación que estudiará el caso de las gasolineras, en la que participan nueve diputados (cuatro del PP, tres del PSOE y dos de IU), trabajará de lunes a jueves en sesiones de mañana y tarde (excepto el jueves), ocupando una de las dos salas de la cámara autonómica.

Este ritmo de trabajo, rechazado por la izquierda, ha obligado a desbaratar la agenda parlamentaria de los 103 diputados. Nueve sesiones de las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Presidencia, Sanidad y Servicios Sociales y Hacienda han sido suspendidas hasta que concluya la investigación.

El PSOE se ha rebelado: "El método de trabajo impuesto por el PP ha motivado este parón", opina el socialista Juan Antonio Ruiz-Castillo. Su portavoz, Jaime Lissavetzky, pedirá esta semana en la junta de portavoces que la Asamblea habilite algún local para que los diputados de las cinco comisiones cuyas sesiones han sido aplazadas puedan reunirse.

El portavoz popular, Manuel Cobo, considera lógico que, "cuando se crea una comisión de investigación en cualquier parlamento, tenga preferencia respecto al resto de comisiones". Cobo entiende las quejas socialistas: "Como saben que no ha habido ninguna responsabilidad del Gobierno regional, prefieren atender a otros asun tos. Cuando el Congreso investigó el caso Roldán o el caso Rubio nadie se alarmó por que se aplazasen otras comisiones, ya que estos asuntos eran suficientemente graves y prioritarios".

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Manual de inspección

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Una inspección halló diferencias de hasta 10.000 litros entre compras y ventas de gasolina en 1993

El nuevo Gobierno regional, del PP, llegó a la Consejería de Economía en junio de 1995, y desde entonces no aprobó ninguna de las medidas sugeridas en el informe que elaboraron los técnicos en junio de 1994.Sólo tras el escándalo destapado por la OCU el PP improvisó un manual de inspección de surtidores. Con el nuevo método analizó 221 establecimientos con 908 surtidores y 3.572 mangueras; cerró seis gasolineras con cableados sospechosos o rotura de precintos, clausuró 53 postes y 188 mangueras y abrió 45 expedientes.

"Nos preocupa que todo esto se derive hacia una batalla en la que los políticos se exijan responsabilidades del presente o del pasado", señaló ayer el portavoz de la OCU, José María Múgica, informa Susana Moreno. "Si llega a producirse, todo el escándalo habrá quedado en agua de borrajas", añadió. La agilización de los procesos judiciales y administrativos abiertos y la creación de una norma que regule el fraude de las gasolineras son los deseos de este colectivo.