El fiscal imputa a 25 personas en el Caso de la mafia policial de Zaragoza
El ministerio fiscal ha acusado a 25 personas por el caso de la red de corrupción policial descubierta en Zaragoza el año pasado y que salpicó al senador socialista Carlos Piquer, que se suicidó en noviembre pasado tras una fuerte depresión. Según el fiscal, propietarios de clubes de alterne otorgaban favores de diversa índole a policías para que éstos avisaran de las redadas y evitar que se descubriera la situación -¡legal de súbditas extranjeras que ejercitaban la prostitución en esos locales.
.De los acusados, nueve son policías, siete regentaban locales de alterne, tres eran trabajadores de dichos clubs, cinco están relacionadas con el tráfico de drogas, y uno es un abogado. A todos ellos se les imputan delitos de cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de persecución de delitos y delitos contra la salud pública.Uno de los acusados, Oscar R.H., que regentaba el Club Castilla, ubicado en la zona de El Madrazo de Zaragoza, trabó amistad durante el año 1995 y primeros meses de 1996 con varios funcionarios de policía, para que le revelaran la fecha y hora de las redadas, según señala el fiscal. Los favores que recibían los policías, Francisco G. L, destinado en el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de San José, y Angel V. G., con el mismo destino, figurando ambos como acusados, consistían en "invitaciones a consumir bebidas, a ocupaciones sexuales con las mujeres, y a consumo de cocaína en fiestas".
Para Oscar R. H. se pide una pena de tres años de prisión menor y multa de 100.000 pesetas, por un delito continuado de cohecho, además de 6 años de prisión menor y multa de 20 millones de pesetas por un delito contra la salud pública.
Para el policía Francisco G. L., se solicita la misma pena por cohecho, y 8 años de inhabilitación para ser funcionario del Cuerpo Nacional de Policía; 2 años de prisión por delito continuado de revelación de secretos, y 2 años de inhabilitación especial por omisión de promover la persecución de delitos. La, pena que se señala para Angel V. G. se eleva a 6 años de prisión por cohecho, 12 años de inahabilitación; 4 años de prisión y 8 de inhabilitación especial, y otros 2 años de inahabilitación especial para ser policía.
A las fiestas que se celebraban en el "Castilla" después de cerrar el establecimiento, acudían, según relata el fiscal, también otros funcionarios policiales: Enrique R.J, Francisco L.O., inspector, Ricardo LI. y Gabriel M, todos ellos pertenecientes a la comisaría Centro. Las acusaciones que pesan sobre ellos, responden a delitos como obstrucción a la Justicia, cohecho, narcotráfico y omisión del deber de persecución de delitos.
