El fiscal jefe de Toledo teme que los asesinos de Anabel Segura no pasen "ni seis años" en prisión

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, Miguel María González-Blanco, aprovechó ayer su intervención final en el juicio, contra los secuestradores de Anabel Segura para arremeter contra el nuevo Cóligo Penal, la política penitenciaria y la institución del jurado. González-Blanco, próximo a la jubílación, aventuró que con Ias ridículas penas" del nuevo Código Penal "estos señores [en alusión a Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, los principales implicados en el secuestro y muerte de la joven madrileña] estarán en la calle dentro de unos seis años".

Además, González-Blanco dejó claro que sólo se cree en parte el relato de Felisa García, esposa del principal imputado: si bien está convencido de que la mujer no ideó ni participó en el secuestro, cree que no fue amenazada para simular la voz de Anabel en la cinta enviada a sus padres.El fiscal-jefe de Toledo no se mordió la lengua. "Los redactores del Código Penal han rebajado tanto las penas que dentro de poco asesinar va a resultar un negocio", soltó. Poco antes lamentó la prontitud con que los presos alcanzan "la libertad condicional", y se felicitó de que "este caso", el de Anabel, "no haya caído en las manos del jurado". Julio Tasende, presidente del tribunal, le llamó la atención. "Señor", contestó airado, "yo puedo decir lo que crea conveniente; y no me duelen prendas".

Con esta arremetida, González-Blanco intentó justificar su petición de penas para los dos presuntos asesinos de Anabel Segura. Para Mufloz y Ortiz reclama un total de 26 años de prisión: 20 por asesinato y seis por detención ilegal y otros 6 meses por intentar cobrar como rescate a la familia Segura 150 millones de pesetas. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

El fiscal jefe de Toledo, que inició su exposición de hechos elogiando el talante de los padres de Anabel, sostuvo que fue "un móvil económico" el que indujo "a esta pareja de indeseables" [refiriéndose a Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, El Candí] a apresar a Anabel Segura cuando hacía footing en La Moraleja, una lujosa urbanización de Madrid, el 12 de abril de 1993. Además, les llamó "chapuceros", pues capturaron a la joven "a cara descubierta" y cuando ya la tenían "no sabían a dónde llevarla".

Entrada la noche -siguió- la llevaron hasta una derruida fábrica de ladrillos en Numancia de la Sagra (Toledo), a un kilómetro del domicilio de Emilio y su esposa Felisa. "La mataron y arrojaron el cadáver a una hondonada. Según el fiscal jefe, fue Emilio el que "ahorcó" a la joven con ayuda de El Candi.

Rafael Escuredo, ex presidente de la Junta de Andalucía y abogado de la familia Segura, difirió en las penas y en la tipificación de los delitos. Solicitó sendas penas de 37 años de cárcel para Emilio y El Candi por considerar que hubo secuestro, mientras que el fiscal entiende que sólo hubo detención ilegal puesto que Anabel "ya estaba muerta" cuando Emilio y El Candi exigieron el rescate.

Otra discrepancia es que Escuredo cataloga a Felisa García como coautora del crimen, mientras que el fiscal la considera encubridora.

La defensa de Emilio Mufloz pidió al tribunal que sólo condene a su cliente a un máximo de 15 años por un delito de detención ilegal y otro de homicidio (no de asesinato). El abogado del Candi, basó su defensa "en la falta de pruebas" que demuestren que su cliente ayudó a Emilio "a ahorcar" a Anabel.

De los tres procesados, Felisa García es la única que se ha declarado inocente. La mujer ha declarado que si bien supo que su marido había participado en el secuestro el mismo día en que éste se produjo, sólo se enteró de que la chica había sido asesinada dos meses después, cuando Emilio la obligó, "amenazándola con un machete", a simular la voz de Anabel en una cinta. Felisa añadió que durante ese tiempo no denunció el crimen porque tenía "auténtico pánico" a Emilio, que la había "maltratado durante 18 años de matrimonio".

El fiscal jefe de Toledo, que pide para ella tres años de cárcel por encubrir el crimen y seis meses por imitar la voz de Anabel, está convencido de que Felisa no participó en el secuestro y su marido "mintió" al acusarla de ser quien ordenó matar a Anabel. En todo lo demás, no la cree. Sostiene que Felisa, una vez ejecutado el secuestro, grabó la cinta sin coacción alguna para sacar "provecho económico" de la situación.

Piedad Jara, abogada de Felisa, explicó ayer que su cliente no denunció a su marido "por miedo insuperable", algo de lo que duda el fiscal-jefe. "Desde el secuestro hasta que se descubrió el cadáver pasaron dos años y pico y ella hizo una vida cotidiana normal. La voz de la cinta", añadió el fiscal, "no es la de una persona oprimida por su marido; es una imitación perfecta, la de alguien que se presta a colaborar...".