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Pinto autoriza por fin la planta que clasifica la basura de la región

Vicente G. Olaya

, El Ayuntamiento de Pinto, del PSOE, le dio ayer su visto bueno a la planta de clasificación de residuos que el Gobierno regional, del PP, lleva queriendo abrir desde hace dos semanas. La comisión del gobierno de Pinto concedió el permiso de primera ocupación de la planta, con lo que los responsables autonómicos podrán poner de una vez en marcha esta parte fundamental del Plan de Gestión de Residuos. Llevan 13 días de retraso.

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La polémica sobre la apertura de la planta de clasificación de residuos se cerró ayer. La comisión de gobierno de Pinto decidió, según explicó un portavoz municipal, conceder la licencia de primera ocupación a los responsables de las instalaciones. La Consejería de Medio Ambiente, impulsora del plan de basuras, había reclamado esta licencia el pasado día 30 de diciembre. Sin embargo, el alcalde de Pinto, Antonio Fernández, del PSOE, se negó a firmar el permiso hasta que su comisión de, gobierno se reuniese. Y esto no sucedió, a causa de las vacaciones navideñas, hasta el día 12 de enero: ayer.Con la concesión de la licencia, la planta podría ponerse en marcha hoy mismo, ya que cuenta por fin con las preceptivas licencias municipales. Sólo carece del permiso de actividad, pero esta falta no la impedirá funcionar desde hoy a todo gas. El Ayuntamiento indicó ayer: "La licencia de actividad se concederá en los próximos días, cuando la Consejería de Medio Ambiente entregue dos visados del colegio de arquitectos que aún le faltan. Mientras tanto, pueden trabajar".

Por su parte, la viceconsejera de Medio Ambiente, Sylvia Enseñat, confirma que la planta empezará a funcionar "en los próximos días, cuando el Ayuntamiento comunique a la consejería la concesión de la licencia de forma oficial". La Comunidad tenía ayer sólo constancia oficiosa.

La planta de clasificación de Pinto es la guinda del conocido como Plan de Basuras. En ella tienen que acabar todos los tetra-briks, latas, botes y plásticos que los vecinos separen en sus casas. En las instalaciones, un grupo de operarios se encargará de clasificar estos materiales, agruparlos y empaquetarlos. Posteriormente, los restos, ya clasificados, saldrán hacia las estaciones de reciclaje. Los materiales se recuperarán entonces y podrán ser reutilizados.

El portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Jaime Lissavetzky, apuntó ayer que el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid es un producto de "la prepotencia y el empecinamiento del Gobierno de Ruiz- Gallardón". Reclamó a la Comunidad la inversión de los 7.000 millones necesarios para garantizar la puesta en marcha del plan en toda la región.

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Calificó además de "virtual y alicorto" el plan de basuras, que sólo se aplica al 1% de la población. Se mostró partidario de esperar a la entrada en vigor en mayo de la Ley de Envases para garantizar la financiación del plan.

El plan estaba previsto que entrase en marcha el pasado 1 de enero en toda la región. Se iba a financiar con un sobrecoste en el precio de los envases. La Ley de Envases, que iba a ser aprobada a principios de año, era el arma legal que el Gobierno se guardaba para forzar a fabricantes, consumidores y Ayuntamientos a repartirse el dinero de los sobreprecios. Pero la aprobación de la ley se ha retrasado. El Gobierno de José María Aznar no tiene previsto aprobarla hasta mayo. La mayoría de los Ayuntamientos, que quieren dinero contante y sonante, ha dicho que en mayo se adherirá al plan.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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