Las inundaciones y el terrorismo acaparan en España el 95% de los abonos de seguros

Desde que la guerra civil -la mayor catástrofe en la historia contemporánea de España- dio origen al consorcio de compensación de riesgos, el 85% de las indemnizaciones pagadas por este organismo se han destinado a paliar daños por inundaciones y el 10% a las pérdidas ocasionadas por el terrorismo, según se puso ayer de manifiesto en las jornadas sobre prevención de riesgos relacionados con el agua en el Senado. Las ponencias y debates se condensarán en un documento que será entregado en la comisión de riesgos catastróficos dentro de una semana.

Sólo entre 1971 y 1996 el consorcio de seguros que compensa las indemnizaciones de los bienes asegurados ha abonado 439.000 millones de pesetas por los daños producidos en inundaciones. Las últimas ocurridas en Badajoz donde afectaron a un barrio urbano de la capital situado en el cauce de un arroyo, han espoleado el interés por evitar catástrofes de este tipo. "Si no llega a ocurrir lo de Badajoz, donde fallecieron 24 personas, aquí no viene nadie", decía un subdirector general del ministerio.A la sala internacional del Senado le faltaban asientos para acoger tanta concurrencia; nada menos que más de 450 técnicos, investigadores y funcionarios de todas las administraciones vinculados a las catástrofes naturales donde el agua y las inundaciones protagonizan la mayor parte de los sucesos catastróficos que ocurren en España.

En el diagnóstico todos coinciden. La población española se ha concentrado en zonas urbanas cuyo planeamiento no ha tenido en cuenta los riesgos de inundaciones: la acumulación de viviendas y bienes en zonas sensibles incrementa los daños que cada vez son más ocurrentes. "Y cuando hemos dado con la solución a un problema viene otro de mayor magnitud", decía uno de los asistentes.

Dada la periodicidad de estos fenómenos, los expertos coinciden en la necesidad de que los ciudadanos y las autoridades urbanísticas conozcan los riesgos que asumen mediante la elaboración de mapas que registren las zonas sensibles a las inundaciones, así como la delimitación de los cauces de los ríos en su máximo nivel, incluso en aquellas situaciones de inundaciones límite. Hasta ahora eran los ingenieros los que calculaban esos riesgos mediante lo que denominan periodos de retorno o frecuencia de inundaciones cada 10, 100 o 500 años. Los paleogeólogos aseguran que es preciso ir más allá que los cálculos elaborados en base a datos históricos medidos. Sus conocimientos permiten leer en los márgenes de los ríos hasta donde llegó el agua el año pasado o hace 2.000 años con una precisión matemática.

Entre los expertos cada vez cobra más fuerza la idea de que la corrección de las irregularidades de los ríos no debe de ser exclusivamente estructural -lo que algunos llaman infraestructuras de cemento-, sino que deben plantearse soluciones integradoras que tengan en cuenta el curso natural de las aguas. La ingeniera de Montes, Marta González del Tánago, expuso las experiencias que se llevaban a cabo en Inglaterra y Alemania, donde en algunos tramos del río Rhin se procede a restaurar los meandros originales del cauce y se eliminan los encauzamientos artificiales. La mejor protección frente a una avenida es liberar sus riberas a partir de su máxima crecida. El agua no se inscribe en el registro de la propiedad.

Pero dadas las características climáticas del país y los prolongados periodos de sequía se olvida con frecuencia que un cauce seco alguna vez ha llevado agua. El proyencto Linde, desarrollado para cartografiar y delimitar físicamente el dominio público hidráulico ha identificado 292 tramos de ríos donde mayor es la presión urbanística, agraria y de todo tipo de vertidos. De los tramos ya estudiados, la comunidad autónoma más afectada es Murcia, donde se localizan 197 de los 592 tramos mencionados, correspondientes casi todos ellos a la cuenca del Segura; le siguen las comunidades de Andalucía, con 121 tramos y la de Valencia con 92. En la mayor parte de los casos estos tramos están afectados por invasiones urbanísticas, se encuentran degradados, han sido usurpados y en 313 casos se hace un uso inadecuado. Geograficamente se ubican la mayoría de ellos en el sureste de la península, donde el régimen pluviométrico es más irregular.

En la clausura de las jornadas, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo que la protección civil para prevenir y mitigar los catastróficos efectos de las inundaciones es un reto en España y en este sentido el reparto competencial nunca debe ser una excusa para poner los medios precisos. Entre ellos mencionó a los voluntarios civiles que suponen el termómetro de la fortaleza moral de una sociedad.