El fiscal citará al alcalde de Pozuelo y al gerente de la Complutense por una operación urbanística

La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha decidido investigar la denominada Operación Pozuelo, la decena de convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para la construcción en su término municipal de alrededor de 25.000 viviendas, según fuentes jurídicas. En relación con uno de estos convenios -un intercambio de parcelas entre la Universidad Complutense y un constructor particular- , el fiscal Emilio Valerio tiene previsto citar al alcalde de Pozuelo de Alarcón, del PP, al gerente de la Complutense y al citado promotor.

Este periódico intentó ayer por la tarde, sin éxito, dialogar con el alcalde de Pozuelo, José Martín Crespo, y con la Complutense. Este polémico convenio, diseñado para ordenar el campus universitario de Somosaguas, fue firmado antes del verano. Y, según fuentes jurídicas, establece la conversión en urbanizable de una parcela de terreno -catalogada como verde- en la que se construirían 400 viviendas destinadas a profesores y personal de administración y servicios. A estas viviendas tendrán derecho los docentes que hace años optaron a una promoción de casas que se frustró.Esta parcela, según las mismas fuentes, es propiedad de un constructor particular. A cambio de ceder ese espacio verde, el particular recibirá de la Complutense otra parcela para que él construya un número similar de viviendas.

El fiscal de Medio Ambiente de Madrid quiere conocer los detalles de esa operación, y en concreto si está justificado destrozar una zona verde para levantar viviendas de uso exclusivo para personal universitario. Algo que, según estos medios, puede incluso ser anticonstitucional. "No se puede desclasificar un espacio verde y hacer viviendas sólo para un sector concreto de la población", dicen. Profesores de la Complutense también se han opuesto a esta iniciativa y la han denunciado ante la fiscalía de Madrid.

Zona residencial

La primera medida que va a tomar el fiscal Valerio es interrogar al gerente de la Complutense, al alcalde de Pozuelo de Alarcón y al particular que va a ceder la parcela verde a cambio de que la universidad le ceda a él otra, propiedad de la Complutense, en la que levantar viviendas privadas.La investigación del fiscal es fruto de una denuncia que le ha elevado un grupo de vecinos de Pozuelo de Alarcón, que se han organizado en torno al llamado Consejo Rector de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de Somosaguas Norte. Los vecinos creen que esta operación puede constituir un delito ecológico y otro contra el urbanismo.

En su denuncia exponen que el pasado 26 de mayo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó un convenio urbanístico firmado por la Universidad Complutense y el Ayuntamiento de Pozuelo para la ordenación del campus universitario de Somosaguas. "La parcela sobre la que se prevén las edificaciones para uso residencial [de profesores]", explican los vecinos al fiscal, "tiene desde siempre una calificación de zona verde deportiva, y cuenta con un denso arbolado: destacan diversas especies de coníferas con más de 40 años de antigüedad. La pretendida construcción de 400 viviendas", agregan, "supondrá la desaparición de ese arbolado y la degradación de las zonas inmediatamente próximas, con el consiguiente perjuicio ambiental".

Sospechan los vecinos que la Comunidad de Madrid "no ha sido informada de esta operación", un proyecto que, además, indican, "carece del preceptivo informe de impacto ambiental". Este proyecto urbanístico se alzará sobre 57.000 metros cuadrados.

Los denunciantes consideran "inadmisible" que "en un residuo mínimo de zona verde deportiva se pretenda edificar ahora un número de viviendas [400, más los espacios destinados a comercios] equivalente al triple de las existentes hoy en la zona. Supone un disparate urbanístico de enormes proporciones, contrario al planeamiento urbanístico", advierten.

Inseguridad jurídica

Según los vecinos, este convenio, sometido ahora a información pública, rompe la "seguridad jurídica" en materia urbanística. "Y frustra las razones por las que en su día", dicen, "los vecinos de Somosaguas Norte decidieron fijar ahí su residencia, tras unas fuertes inversiones generadoras de impuestos, algo que ahora no es tenido en cuenta por mor de no se sabe qué intereses".Los vecinos no entiende por qué la Complutense quiere levantar ahora viviendas para profesores en Somosaguas Norte, cuando su intención inicial era crear esas casas en un terreno de su propiedad adyacente a la carretera de Carabanchel. Las viviendas proyectadas generarán alrededor de 600 nuevos habitantes en una zona que, añaden los afectados, carece de suficiente infraestructura.