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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La nueva Agencia Tributaria

TARDE O temprano, los errores políticos se pagan. La destitución del director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, en el último Consejo de Ministros es la demostración explícita de que el Gobierno fracasó en su empeño de convencer al Parlamento y a la opinión pública de que el Ejecutivo,anterior había favorecido fiscalmente a un grupo de amiguetes. El intento de imputar a Pedro Solbes y a su equipo una amnistía fiscal encubierta, con un coste para la Hacienda pública de 200.000 millones, se ha saldado con un fracaso político para el instigador -el Gobierno-, como se desprende de las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó el caso. Lo peor es que la torpeza en el manejo de esta crisis ha cuestionado gravemente la profesionalidad de los inspectores fiscales y ha puesto en cuestión, momentáneamente, la credibilidad de los responsables institucionales de que la Hacienda pública funcione bien.El mutis silencioso de Bermejo plantea muchas dudas razonables. Aunque la tesis oficiosa dé por hecho qué el ex director de la Agencia construyó el caso de los 200.000 millones ante sus superiores y lo presentó como rentable en términos políticos, cabe dudar de la misma. Hay que preguntarse si la responsabilidad política se detiene en la persona de Bermejo, que se convertiría en una especie de chivo expiatorio de los errores de sus superiores, o debe extenderse a quienes aceptaron sin comprobación unas denuncias gratuitas de delito y trasladaron al Congreso acusaciones de suma gravedad, probablemente para ganar votos. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, por ejemplo, dio pábulo a inexistentes delitos de prevaricación y se empecinó en montar. un caso para la investigación parlamentaria a partir de lo que era simple negligencia administrativa. La destitución de Bermejo cauteriza a conveniencia de Costa los daños del fallido escándalo en el nivel de director de la Agencia.

Es de temer que la celeridad con que se ha echado tierra sobre este asunto- relegue al olvido algunos acontecimientos que quedan pendientes, Costa debería explicar públicamente qué ha pasado con el expediente teóricamente abierto a Jesús Bermejo para aclarar sus visitas nocturnas a las instalaciones de la Agencia Tributaria -conocidas por la, opinión pública a través de la prensa-; qué expedientes buscaba y con qué finalidad los requería; o si, por el contrario, la destitución del ex director y su nuevo reacomodo en el Instituto de Estudios Fiscales cancelan la investigación.

La irresponsabilidad política del Gobierno en este caso, al aceptar las tesis de favoritismo fiscal sin un indicio sólido de partida, han dañado el prestigio de la Agencia Tributaria. El único, hecho favorable de este desdichado asunto es que al menos en el relevo al frente de la Agencia se ha optado por una opción profesional y experimentada. El nombramiento de José Aurelio García Martín, un funcionario experto que se permitió suspender a un alumno llamado José María Aznar en la Escuela de Hacienda Pública, permitirá serenar el trabajo profesional del organismo, para que éste pueda dedicarse al buen funcionamiento de la Hacienda pública en lugar de rastrear quiméricos expedientes con fines políticos.

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Que este retorno a la normalidad sea posible depende de que los máximos responsable! del Gobierno y del Ministerio de Economía y Hacienda hayan aprendido la lección y renuncien a utilizar la Agencia Tributaria -o cualquier otra institución del Estado- como arma política contra sus adversarios. La discreción será beneficiosa también para sus propias responsabilidades públicas. Entre ellas, muy particularmente, la de diseñar y poner en marcha el nuevo. impuesto sobre la renta que vienen anunciando desde su programa electoral, pero que, a fuerza de retrasos y globos sonda contradictorios, no llegan a concretar ni a hacerlo creíble. Ahora que el caso del favoritismo fiscal está políticamente cerrado, quizá pueda la Secretaría de Estado de Hacienda dedicar su tiempo a reformar el IRPF y a reducir, como prometieron, los impuestos de todos los ciudadanos.

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