El fiscal anticorrupción lamenta la falta de cooperación de la Administración
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, advierte un "déficit de cooperación de la Administración" en la denuncia de hechos delictivos que puedan caer en el ámbito de su competencia. Así lo afirmó ayer en la presentación de la memoria del primer año de vida de esta fiscalía especial, un órgano para el que reclama más plantilla, un nuevo emplazamiento y la atribución de ciertos delitos tipificados en el nuevo Código Penal. En 1996, la fiscalía intervino en 46 procedimientos penales. Actualmente lo hace en 53.
El caso Banesto, el caso Roldán, el caso PSV.. Son, algunos de los sumarios en los que interviene la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción -la fiscalía anticorrupción-, un órgano creado en 1995, que echó a andar en enero del año pasado y del que ayer se presentó su primera memoria. Su fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, criticó la existencia de un "déficit de cooperación de la Administración" en la denuncia de hechos delictivos en su ámbito.Villarejo aseguró que no es una acusación, pero la memoria cree "conveniente precisar que la Administración tiene un deber específico de colaboración con la Justicia". La excepción: el servicio contra el blanqueo de dinero del Banco de España, que sí comunica de forma habitual las supuestas actuaciones irregulares. Se pide además mayor colaboración internacional y el estudio de la atribución a esta fiscalía de ciertos delitos -especialmente los societarios- tipificados después de su nacimiento, con el nuevo Código Penal.
También ve Jiménez Villarejo un "déficit de plantilla", actualmente compuesta por el fiscal jefe, el teniente fiscal, cuatro fiscales y dos abogados fiscales -además de los expertos de las dos unidades de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Economía que colaboran en la fiscalía, los 14 agentes de la Unidad de Policía Judicial y los 10 de la unidad de la Guardia Civil a punto de constituirse-. Según el fiscal jefe, este personal es "insuficiente" para atender Juzgados de Instrucción, Juzgados Centrales y los juicios de duración prolongada como los de los casos Roldán y Banesto.
Por "decoro institucional", también se cree "inaplazable" que la fiscalía -ubicada en un edificio de oficinas en Madrid- tenga una "sede adecuada".
Jiménez Villarejo, que se mostró sorprendido por la expectación creada ante la rueda de prensa que convocó para presentar la memoria, afirmó que la fiscalía "puede que esté callada, pero no pasiva" y destacó que en su primer año se ha consolidado como imprescindible dentro del ministerio fiscal y en la sociedad y como referente para otros países. El año pasado se iniciaron 50 diligencias de investigación, de las que a 31 de diciembre de 1996 había pendientes 24, y se intervino en 46 casos. Este año, la fiscalía interviene en 53, 22 de los cuales se instruyen en la Audiencia Nacional.
Las actuaciones de la fiscalía permiten observar la reiteración de formas de criminalidad que se repiten en los ámbitos público y privado, como son el uso de facturas falsas, la interposición de sociedades pantalla en paraísos fiscales y testaferros, o la colaboración de entidades bancarias en determinados delitos.
