Gobierno y Generalitat de Cataluña discrepan sobre la futura ley de telecomunicaciones

Con amigos así, el Gobierno no necesita adversarios. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, acudió ayer a Barcelona para explicar las bondades de la futura Ley General de Telecomunicaciones y el representante de la Generalitat, cuyo partido apoya al PP en las Cortes, rebatió los argumentos del ministro. Si Arias Salgado dijo que la futura ley es un ejemplo de liberalización, Miquel Puig, secretario de Industria de la Generalitat, contestó que poco liberal puede ser una ley que exige la autorización administrativa previa para cualquier cosa. Horas más tarde, el consejero de Industria, Antoni Subirà, volvió a cargar contra el Gobierno y contra Arias Salgado.

Arias Salgado inauguró ayer en Barcelona unas jornadas, organizadas por la Generalitat, sobre el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. El ministro, que explicó como se estudia actualmente introducir un cuarto canal televisivo de ámbito nacional, englobó el texto del citado proyecto de ley en el proceso "de liberalización de nuestra economía productiva", ya que el "Gobierno", afirmó, "está plenamente decidido a introducir la plena libre competencia en el campo de las telecomunicaciones". Cuando le llegó el turno al secretario general de Industria de la Generalitat, Miquel Puig, éste le replicó: "Una ley que exige la autorización previa administrativa para cualquier cosa, ni es de la máxima liberalidad, ni es de la máxima competencia".Fue la primera de una serie de reprimendas que, a lo largo del día, lanzaron los representantes de la Generalitat y de CiU sobre el ministro.

Si Arias Salgado dijo: "La televisión debe dejar de ser un servicio público, pero CiU no está de acuerdo". Puig, en ausencia del ministro, le contestó: "Un vicepresidente de este Gobierno ha promovido que ciertas retransmisiones deportivas sean calificadas de interés público; y el ministro nos acaba de decir que el deporte no justifica que la televisión sea un servicio público". Para más abundamiento, en la misma jornada el secretario general de Telecomuinicaciones del Ministerio de Fomento, José Manuel Villar, dijo en su intervención: "El deporte no es servicio público".

Si Arias Salgado dijo: "Hay que poner fin a la doble financiación de la televisión pública", Puig replicó: "¿Por qué la televisión local no puede tener anuncios y la TVE, sí?".

Pero la reprimenda más fuerte vino de parte del titular de Industria de la Generalitat, Antoni Subirá, encargado del discurso protocolario de clausura. Subirá llegó y, sin tiempo para sentarse, en un seco discurso de apenas tres minutos, entró a saco. "Me han dicho que el ministro ha estado brillante en la exposición de sus ideas. Las ideas pueden ser brillantes, pero la puesta en práctica de esas ideas es pobre".

Subirà añadió: "Lamento la lentitud de la toma de decisiones" en el sector de las telecomunicaciones. "Sé que el ministro es brillante, es dialogante, pero el tiempo perdido y las oportunidades perdidas en el sector no las recuperaremos". El consejero de Industria calificó de "incoherencia" crear un duopolio (Retevisión) que sólo actuará en este régimen durante un año. Arias Salgado había dicho que durante dos. También criticó que la rapidez con que Cataluña se había movilizado para los concursos del cable no había valido de nada ante la lentitud gubernamental.

Subirà machacó incluso la actitud comprensiva de Arias-Salgado hacia TV-3. El ministro había dicho que la Unión Europea sí podría admitir subvenciones para ayudar a televisiones públicas con un componente cultural y lingüístico "adicional" (en referencia a TV-3).

Contestación del consejero de la Generalitat: "El ministro se debe referir a las ayudas a lenguas minoritarias, como el gaélico, que contempla la UE. Pues que sepa el ministro que el catalán no es una lengua minoritaria; es la lengua mayoritaria en su territorio, con un maltrato histórico. Seremos absolutamente intransigentes en temas como TV3 y la lengua catalana".

La coincidencia de criterios entre Gobierno y Generalitat no llegó ni cuando Arias Salgado habló de liberalización de las redes de telecomunicaciones. En este caso, Puig saltó al lado contrario y se mostró intervencionista. En su opinión, la Administración tiene que potenciar las redes y no dejarlas al libre mercado. Puig reclamó para las comunidades autónomas la competencia de asignar frecuencias y la facultad de declaración de utilidad pública.

La Ley General de Telecomunicacíones, que según el ministro será enviada a finales de mes al Congreso y que entrará en vigor a comienzos de 1998, tiene muchas ambigüedades, a juicio de Puig. Entre ellas, el hecho de que el proyecto no aclare cuáles son las competencias del ministerio y cuáles las de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Puig abogó para que, en materia de servicios, las empresas puedan operar con una mera declaración, sin esperar a la autorización administrativa previa, simplemente con una declaración de las empresa, incluso en el servicio telefónico.

"Todas estas cosas", concluyó en su breve discurso de clausura el consejero Antoni Subirá, "nos alejan otra vez [del Gobierno] en la política del sector de las telecomunicaciones".