Digital viene de dedo

HEREDEROS DE la más castiza tradición política de la derecha española, los gobernantes del PP parecen haber aprendido bien la lección de Romanones, cuando éste se mostraba despreocupado por lo que dijeran las leyes con tal de que le dejaran redactar los reglamentos. Y tan es así que con el nuevo reglamento de la televisión por satélite que el Gobierno quiere imponer como un trágala pretende establecer cosas que en un país civilizado precisarían de una ley. Debe ser porque creen que lo de digital viene de dedo y que la televisión digital es aquella que se realiza de acuerdo con los dictados de Moncloa.El reglamento que quiere imponer el Gobierno, so pretexto de incorporar una directiva de la UE, es un fraude a la letra y el espíritu de la Misma y sólo tiene por objeto favorecer a la empresa de televisión que el Gobierno promueve, con la complicidad de un magnate mexicano y del presidente de Telefónica, cuyo principal activo profesional es ser compañero de juegos de Aznar, y a quien sin duda debe agradecimiento por su actual posición. Es impresionante el cúmulo de irregularidades que se han producido al promulgar la norma, que verá la luz este fin de semana si nadie con criterio lo remedia.

El Gobierno se encontraba en falta desde hace casi un año por la no publicación del reglamento; para reparar ese vacío, al Consejo de Ministros del pasado viernes llegó un texto que había pasado ya todos los trámites legales previos: dictamen de la Comisión Asesora de Telecomunicaciones y del Consejo de Estado, después de las consultas lógicas a la industria y a los operadores. Como ese texto no satisfacía los propósitos torvos del Gabinete -que trata de impedir la competencia entre dos empresas de televisión digital para favorecer a la de sus amigos-, el Consejo aprobó otro texto y lo remitió de urgencia al Consejo de Estado para que informara en cinco días. ¿A qué las prisas? El Gobierno ya estaba en mora por la no incorporación de la directiva europea a su legislación y el Ejecutivo había perdido el tiempo durante meses. La única justificación de esa urgencia era frenar a los competidores de la plataforma del Gobierno la misma semana que comienzan su operación comercial. Incluso si no logran su propósito, el descrédito que el poder ha desatado contra Canal Satélite le causará ya daños irreparables, que sin duda reclamará por vía judicial al Tesoro Público.

¿Tan torpes eran los redactores del antiguo texto y tan listos los integrantes de la mesa del Gobierno que no se dio cuenta nadie de las lagunas que en el primer reglamento había? Más bien cabe pensar que la situación había cambiado después del acuerdo entre Canal + y Antena 3 sobre el fútbol y que el Gobierno está dispuesto a echar un pulso a todos los sectores que no le rinden pleitesía. El resultado es que se han incumplido con desvergüenza todos los trámites procesales, se ha manipulado a la Comisión Asesora de Telecomunicaciones, se ha ocultado el texto y se ha conseguido, eso sí, una unanimidad encomiable: todas las empresas privadas de televisión de este país son contrarias al nuevo texto, al que sólo apoya TVE (incluso las autonómicas se han abstenido). ¿Pero qué le importa a este Gobierno la opinión de las empresas privadas españolas si la mexicana Televisa está de acuerdo? Y es sin duda con Televisa con la que Aznar tiene un compromiso que esperamos aclare pronto.

Las cuestiones de procedimiento son esenciales, porque revelan los modales antidemocráticos de la derecha que nos gobierna. Pero mucho peor resulta el fondo de este asunto: aunque el Gobierno se escude en que sólo trata de incorporar una directiva europea a la legislación española, la realidad es que ningún otro Ejecutivo europeo la ha interpretado como Aznar y sus palmeros mediáticos, y que la televisión digital funciona en Europa sin las cauciones gubernamentales que el PP quiere imponer. Es lógico que Canal Satélite Digital haya anunciado su intención de denunciar al Gobierno ante la UE por prácticas monopolistas.

Aznar se presentó a los ciudadanos prometiendo privatizar TVE, un menor intervencionismo en las empresas y un talante de centro. Han bastado pocos meses para demostrar el engaño que encerraban esas promesas y la pasión intervencionista y de amiguismo que le anima. El reglamento pretende obligar a entregar la lista de clientes de los operadores de televisión al Consejo Asesor de Telecomunicaciones, arbitra un sistema de precios establecidos por el Ministerio de Fomento y plantea serias cortapisas para la concesión de licencias de propiedad industrial a los fabricantes de descodificadores. La consecuencia de esa actitud -que atenta contra la libertad de comercio y contra el funcionamiento de la economía de mercado- es que los operadores de televisión tendrán que instalarse en países europeos diferentes a éste y que los equipos no se fabricarán en España. Canal Satélite ya opera desde Luxemburgo, y desde Miami lo ha hecho otro programador de cable. Además, es ridículo suponer que Phillips o Sony van a aceptar cortapisas que no se exigen en Francia o Portugal.

La faz centrista de Aznar ha durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Sin embargo, tiene el presidente una especial dificultad para ejercer el mando: está en minoría en el Congreso. Pujol está haciendo un alarde de prudencia encomiable. Con razón el presidente de la Generalitat tranquilizaba al de Francia respecto al mantenimiento de la estabilidad política en España, que se debe al ejercicio de responsabilidad que Convergència viene realizando. Siempre hemos defendido la necesidad de que los nacionalistas catalanes apoyaran al PP con vistas a la integración en la moneda única europea. Seguimos pensando lo mismo, pues unas elecciones anticipadas no serían buenas para este país y la continuidad de la legislatura conviene a los españoles. Pero el PP no debe abusar de la paciencia de sus socios en el Parlamento ni de la de los ciudadanos. Despeñarse por la pendiente del abuso, el amiguismo y la arbitrariedad y potenciar la crispación es pasaporte seguro hacia un final similar al de Romanones. Con la tranquilidad de que no está en juego el sistema, sino la pasión de mando de los gobernantes.