El fiscal del Estado no se querellará contra Iribarren porque no ve delito en sus amenazas
El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, no ejercitará acciones penales contra el parlamentario foral navarro Jaime Iribarren, de Herri Batasuna, por entender que sus declaraciones, en las que horas antes del asesinato del teniente coronel Jesús Cuesta amenazaba al Gobierno con "un futuro inmediato de gran sufrimiento" si no modificaba su política penitenciaria, no tienen encaje en ningún precepto del nuevo Código Penal. Las asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado al anuncio del fiscal pidiendo la modificación de la norma para que este tipo de conductas no queden impunes. El ex ministro socialista Juan Alberto Belloch y Pablo Castellano, de IU, creen que Ortiz Úrculo tendría que haber presentado la querella.
Ortiz Úrculo señaló ayer que ha estudiado detenidamente con los fiscales del Tribunal Supremo -órgano ante el que habría correspondido presentar la querella criminal- las declaraciones realizadas por Iribarren el 8 de enero en Bilbao y ha llegado a la conclusión de que "justamente esas declaraciones y en la forma en que se hicieron no tienen encaje en ningún precepto del vigente Código Penal".El diputado foral navarro de HB dijo en una rueda de prensa celebrada en Bilbao el 8 de enero que o el Gobierno dialogaba con los interlocutores de la organización terrorista ETA o "nos vemos obligados a presagiar un futuro inmediato de gran sufrimiento que, por supuesto, desde la izquierda abertzale no deseamos en modo alguno". Estas manifestaciones, que fueron interpretadas en un primer momento como el pistoletazo de salida para una represalia contra el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA desde hace más de un año, se convirtieron pocas horas después en una realidad cuando los terroristas asesinaban en Madrid al teniente coronel Jesús Cuesta Abril. Iribarren calificó ayer de lógica la decisión de Úrculo y se ratificó íntegramente en sus polémicas declaraciones.
Críticas al fiscal
Las críticas a la decisión del fiscal del Estado no se hicieron esperar. El ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch afirmó que la Fiscalía del Estado no debe hacer valoraciones de si las declaraciones tienen encaje en el Código Penal o no lo tienen, porque impiden el pronunciamiento de los tribunales. En su opinión, el fiscal debería haber presentado una querella criminal contra Iribarren y dejar que fueran los tribunales los que se pronunciaran sobre los hechos.El ex ministro y actual portavoz del PSOE en la comisión de Justicia e Interior admitió, a pesar de sus críticas, que las declaraciones de Iribarren estaban jurídicamente medidas para no incurrir en delito de apología del terrorismo. En su opinión, Iribarren posiblemente se asesoró con abogados de HB. Belloch no cree necesaria la reforma del Código Penal porque, dijo, no hay ninguno que pueda evitar los trucos de leguleyos.
El diputado del PP Andrés Ollero, portavoz de su grupo en la misma comisión, destacó, en cambio, que la decisión de la fiscalía responde a una limitación del derecho mismo y, al igual que el diputado de UPN y portavoz adjunto del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, se mostró partidario de una reforma de la legislación para evitar que amenazas como las proferidas por Iribarren queden impunes. El secretario general del PP en el País Vasco, Carmelo Barrio, dijo "respetar la decisión" pero matizó que ésta "no sintoniza con la apreciación general de la sociedad vasca, ni de la española, de que estas declaraciones son apología del terrorismo".
Frente a estos criterios, Ignacio Gil Lázaro, también diputado del PP e integrante de la misma comisión, estimó que "sí hay previsiones normativas suficientes como para impedir que manifestaciones de esa naturaleza queden impunes".
Pablo Castellano, portavoz de IU en la comisión de Justicia, opinó que el fiscal del Estado podría haber actuado contra Iribarren si hubiera hecho una interpretación " mínimamente rigurosa de la ley". Para Castellano, se ha hecho una interpretación literal del texto legal que es equivocada porque "se olvida de considerar que las declaraciones de Iribarren no son aisladas, sino que tienen que ser encadenadas en el conjunto de actitudes de HB, que son de auténtica colaboración y respaldo a ETA".
Este mismo criterio es sostenido por el Partido Socialista de Euskadi-PSOE, que aprecia que la conducta de Iribarren se enmarca en la apología del terrorismo.
La portavoz del PNV en la citada comisión del Congreso, Margarita Uría, considera que "la Fiscalía del Estado ha sido demasiado rápida en escurrir el bulto" al no ejercitar acciones contra Iribarren. Uría, sin embargo, añadió: "A lo mejor el precio que hay que pagar por la libertad de expresión es el que se puedan proferir afirmaciones de ese estilo".
Respeto
Manuel Josep Silva, de CiU, expresó su respeto por la decisión del fiscal del Estado. "Entiendo", precisó, "que en un régimen de libertades, la Fiscalía ha actuado correctamente. De esas declaraciones no me cabe deducir ningún conocimiento previo de un delito. Creo que es el lenguaje usual de HB y forma parte de su política de socializar el dolor. La decisión me parece sensata".El Gobierno de Navarra también expresó su respecto y reconocimiento por la decisión de la Fiscalía. Sin embargo, un portavoz precisó que la legislación es insuficiente puesto que lo que dijo Iribarren al menos constituyó delito de amenazas a la sociedad, independientemente de que pueda ser calificado de apología del terrorismo o complicidad con banda armada.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo admitió que puede no haber elementos legales para poder imputar un delito a Iribarren, pero en su criterio deben buscarse los resquicios para procesarle, ya que las manifestaciones del miembro de HB parecen una clara apología del terrorismo, colaboración con banda armada o profecía del terror. Según AVT, el Parlamento debe modificar la ley.
El fiscal replicó anoche a todas estas críticas. "Son los representantes del pueblo los que deben valorar si estos hechos deben estar o no en el Código. Ahora es obvio que no están. Son ellos quienes deben afrontar una responsabilidad que es suya", dijo a Efe. Úrculo admitió que los jueces y la propia Fiscalía también pueden proponer una reforma legal si se enfrentan con un hecho que creen delictivo y no está recogido en el Código.
