LAS CUENTAS DEL REINO PARA 1997 Los Presupuestos y la empresa

La incorporación de España a la moneda única constituye uno de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestra economía en los próximos dos años. Sin ignorar las dificultades y tensiones que supone la consecución de los objetivos establecidos en Maastricht, los costes para la economía española de quedarse fuera en términos de competitividad y tipos de interés más elevados supondrían un duro revés al proceso de integración de España en los mercados globalizados.En un contexto de moneda única y progresiva internacionalización de la economía, las empresas españolas tienen que hacer frente a nuevos requerimientos de capital, creatividad, investigación y desarrollo, dimensión y reorganización que les permita insertarse en los mercados mundiales con sus productos. En este sentido, la economía nacional necesita grupos empresariales autóctonos sobre los que desarrollar esta nueva expansión o concepción internacional del mercado.

En esta nueva dimensión competitiva donde se dificulta la adscripción nacional de las empresas y las estrategias devienen cada vez más mundializadas, la base competitiva de un país se cimentará en la presencia de empresas y grupos empresariales de componente autóctono que garanticen cierta autonomía en la toma de decisiones en cuanto a localización, creación y desarrollo de un potencial investigador o garantía de continuidad en el tejido productivo del país.

A este fin, resulta de vital importancia la definición de un entorno económico apropiado que permita el desarrollo de la competitividad empresarial, libre de obstáculos fiscales o monetarios derivados de la existencia de desequilibrios estructurales que, tanto su existencia como la solución, quedan fuera del alcance de las propias empresas, siendo responsabilidad de los poderes públicos el procurar la adecuada resolución de los mismos.

Así, sólo la reducción de los diferenciales de inflación y el déficit público hasta niveles por debajo del 3% permitirán el sustento de las bases competitivas sobre parámetros reales donde ni la evolución del tipo de cambio ni la del tipo de interés supongan la excusa o el freno al proceso de crecimiento económico y generación de empleo.

En este sentido, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, las acciones que en ellos se encuentren, así como la credibilidad que generen, tanto a nivel nacional como internacional, constituyen un elemento clave en la configuración del entorno sobre el que se va a fundamentar la competitividad futura de nuestra economía.

La definición de una paridad de la peseta con el euro que no perjudique el entorno en el que se desarrolla la competitividad de nuestras empresas y productos ha de ser otro de los objetivos importantes en el proceso hacia la moneda única. La negativa experiencia de la incorporación de la peseta al Sistema Monetario Europeo con una- paridad extraordinariamente sobre apreciada tuvo unos costes elevados para el desarrollo de la economía productiva, algunos de los cuales ya no tienen posibilidad alguna de recuperarse.

El correcto establecimiento del tipo de cambio de la peseta necesita unos tipos de interés libres de las distorsiones y primas de riesgo que los diferenciales de inflación y las necesidades de financiación y endeudamiento públicos producen. Sólo así se podrá pasar de la definición de un entorno competitivo sustentado por variables monetarias y cambiarias a otro donde sean los factores reales los que prevalezcan.

En definitiva, se observa que el nuevo modelo competitivo hacia el que pretendemos avanzar y el reto actual de la política económica descansa sobre dos piezas fundamentales: la reducción de la inflación y el déficit público.

Los PGE para 1997 suponen, de cumplirse en los términos en que se han presentado, un descenso en el peso relativo del gasto público, al crecer éste menos que el PIB monetario. Este descenso se basa en la reducción del déficit y en la consiguiente apelación al ahorro para financiarlo, lo que ayudará a reducir el coste del crédito. Sin embargo, también hay que considerar que el Estado avala los créditos que permitirán cubrir los déficits de las empresas y entes públicos, pero si la situación económica y financiera de esos organismos no cambia de signo, al vencimiento se deberán renovar los créditos o los avales.-

Otros problemas se refieren a la reducción en la inversión pública que no es sostenible de manera prolongada y que puede ser perjudicial tanto para el sector industrial, como para el conjunto de la economía si no se arbitran los instrumentos financieros complementarios.

En cambio, hay aumentos en la recaudación conseguidos con una deflactación parcial de la renta a efectos de IRPF y con la desaparición de ciertas deducciones, además de los anticipos de pagos y del debilitamiento de incentivos a la nueva inversión en el impuesto de sociedades. También aumentan los ingresos por cotizaciones, con el destope de algunas categorías y el porcentaje de algunas tasas existentes. Sin olvidar que se prevé introducir nuevas figuras como el impuesto sobre los seguros.

El diseño de una estrategia de reducción del déficit público a corto plazo sin abordar las reformas estructurales comporta un peligro a todas luces evidente de que una vez agotado el margen que las partidas presupuestarias conceden ya sea en el apartado de gastos con la congelación de lo salarios de los funcionarios o a reducción de la carga financiera basada en la tendencia a la reducción de los tipos de interés y en el repunte de los ingresos basado en la recuperación de la economía, se tenga que recurrir al aumento de la presión fiscal con los efectos negativos que esto puede producir sobre la inversión y el empleo.

La experiencia de mediados de los años ochenta en la que la estrategia de reducción del déficit se basó fundamentalmente en el crecimiento de los ingresos públicos apoyados en la bonanza del periodo de crecimiento de la economía ha tenido consecuencias funestas sobre nuestra estrategia de integración en la moneda única, necesitando en la actualidad de un ajuste extraordinariamente riguroso.

En este sentido, acerca de la previsión de crecimiento del 3% para 1997 hay que señalar que los datos de los dos primeros trimestres de 1996, 2% en el primero y 1,9% en el segundo, junto a la previsión - de un aumento en torno al 2,2% en el tercero indican que, a pesar de las mejoras que se esperan, es posible quedar ligeramente por debajo de la tasa prevista y, por tanto, alcanzar la cifra apuntada para 1997, que es más elevada, supondrían una dificultad superior de a esperada, haciéndose más necesario todavía que las expectativas previstas para el consumo privado se cumplan.

La credibilidad de la actuación presupuestaria no puede sustentarse únicamente en acciones de recorte parcial ni en aplazamientos. La consecución de los objetivos de Maastricht no es sólo una cuestión de matemática contable aplicable a las notas que nuestra economía obtenga en 1997, sino que supone un compromiso de mantenimiento futuro.

Por este motivo, la realización de estos objetivos requiere un planteamiento, de forma paralela, de las reformas estructuales necesarias que ataquen los problemas económicos en su raíz. -El propio informe que acompaña la presentación de los Presupuestos para 1997 reconoce este diagnóstico.

Los mecanismos tradicionales de la política monetaria, la política de rentas e incluso de la propia política fiscal tienen un límite. Rebajar la tasa de inflación por debajo de lo que podríamos denominar como mínimos históricos requiere medidas estructurales.

Invertir la tendencia histórica de aumento del gasto público requiere también algo más que pequeños ajustes. Por esta razón, es urgente evitar una nueva dilación en la aplicación de las reformas estructurales que nuestra economía necesita.

La contínua demora sólo tiene como efecto convertir el largo plazo de hoy en el corto plazo de mañana. Las medidas de reforma estructural no manifiestan sus efectos positivos hasta pasado un tiempo, por lo que todavía es más necesaria la inmediatez en su aplicación.

En definitiva, es necesaria la definición del marco de actuación presupuestario que se plantee de una manera seria el papel que el sector público debe jugar en la economía en materias como la estabilidad laboral, las pensiones y la sanidad. Se debe adecuar la normativa laboral para que las expectativas de conseguir y mantener un puesto de trabajo sean mucho mejores y pueda ayudar de ese modo a consolidar un índice de consumo necesario para que la economía en su conjunto alcance el crecimiento deseado.

Asimismo, el ciudadano debe conocer el coste que supone el mantenimiento del Estado del bienestar y su viabilidad a medio plazo. Se debe pasar del concepto el Estado del bienestar que queremos al Estado del bienestar que podemos pagar. De ignorarse los costes y la financiación del sistema, unido al hecho de que la demanda de más y mejores pensiones o sanidad es prácticamente ilimitada, y a la previsible evolución negativa en términos demográficos, nos encontramos con la imposibilidad de detener el crecimiento del gasto y hacerlo sostenible de no actuar precisamente sobre los elementos que lo impulsan y la naturaleza del propio sistema de financiación.

Así, al rigor en la elaboración y el seguimiento de la evolución presupuestaria deberían añadirse un conjunto de reformas que incidan en el origen de los propios desequilibrios. En esta dirección, resulta indispensable dotar de un marco legal adecuado y estable al conjunto de acciones que determinan la actuación presupuestaria.

Fernando Casado es director del Instituto de la Empresa Familiar.